The Empathy Project, a multiyear collaboration involving three local nonprofits, aims to help local youngsters understand and develop more empathy.
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La decisión del congresista republicano Andy Biggs de competir en la primaria por la Gubernatura de Arizona abrió la puerta a la sucesión para alcanzar la banca que desde 2017 ocupa en representación del Distrito Congresional 5 de Arizona en la Cámara de Representantes de Estados Unidos: hasta el momento, cuatro republicanos y seis demócratas se anotaron en esa carrera por llegar al Congreso.
En la primaria republicana se enfrentan Travis Grantham (exrepresentante estatal), Mark Lamb (exsheriff del Condado Pinal y que en 2024 compitió en la primaria para la elección al Senado estadounidense), Mike Gross y Daniel Keenan (ambos sin trayectoria política).
Los contendientes de la primaria demócrata, por su parte, en su mayoría no tienen experiencia política o trayectoria electoral: Blake Bracht (abogado), Brian Hualde (enfermero y exveterano), Chris James (director del Centro Nacional para el Desarrollo Empresarial de los Indígenas Americanos), Elizabeth Lee (enfermera), Evan Olson (en 2024 fue candidato independiente al Senado de Arizona) y Justin Poff (gerente de operaciones en el área de la construcción y en tecnología).
Las primarias se realizarán el 4 de agosto, día en el que se definirá quiénes serán los candidatos de la elección del 3 de noviembre. Arizona elige 9 congresistas (uno por cada Distrito Congresional) para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Biggs forma parte de la mayoría republicana (seis bancas), mientras que los otros tres escaños son demócratas.
A continuación, presentamos la contienda por el Distrito Congresional 5, con detalles -en orden alfabético- sobre cada postulante republicano (
) y demócrata (
), con información extraída de sus respectivos sitios web de campaña, donde es posible conocer más sobre sus perfiles personales y propuestas políticas.
¿Quién es? Nació en Scottsdale, Arizona, y es arizonense de tercera generación. Asistió a escuelas públicas hasta la escuela secundaria y luego a Scottsdale Community College y Arizona State University (ASU). Durante la universidad se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y en la Guardia Nacional Aérea de Arizona; fue seleccionado para la capacitación de pilotos universitarios especializados en la Base de la Fuerza Aérea Laughlin en Del Río, Texas. Actualmente, tiene el rango de teniente coronel y se desempeña como comandante de aeronave, evaluador y piloto instructor en la Guardia Nacional Aérea de Arizona, en diversas funciones de combate y no combate; también es comandante adjunto del grupo de operaciones del Ala de Reabastecimiento Aéreo 161. En 2003, se unió a International Air Response Inc. (IAR) como vicepresidente a cargo de Operaciones y compró la compañía con su hermano en 2009; se desempeñó como director de operaciones en la sede de IAR en Mesa, Arizona, y vendió su participación en 2017. Fue técnico de mantenimiento de aeronaves. Además, obtuvo una licenciatura en agronegocios en ASU. Vive en Gilbert, Arizona, y tiene dos hijas. Recuerda que apoya a Trump desde 2015, desde “el día que bajó las escaleras mecánicas” en Nueva York y anunció su ingreso a la política; “mi hermano y yo lo apoyamos con tanto entusiasmo que ofrecimos el hangar de nuestra empresa en el aeropuerto Phoenix Mesa Gateway para uno de sus primeros mítines en 2015. Tuvimos el honor de recibirlo nuevamente como presidente en 2018, cuando vino a Arizona para hacer campaña por los candidatos republicanos, y las imágenes de su avión en tierra frente a nuestro hangar, con miles de personas dentro y fuera, siguen siendo icónicas y me hacen sentir orgulloso”, recuerda.
Trayectoria política. Representante estatal de Arizona (entre 2017 y 2025, fue speaker pro-tempore entre 2016 y 2024).
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Aborto: en contra; afirma que en el Congreso votará para “cortar los fondos a Planned Parenthood y a otras organizaciones que financian abortos” y que trabajará con grupos religiosos y pro-familia.
Armas (Segunda Enmienda): a favor.
Economía: apoya la reducción de impuestos y el control del gasto público, para impulsar “políticas que hagan crecer al sector privado y aumenten la productividad”; afirma que “muy pocos en el Congreso están tomando en serio la deuda nacional, como lo demuestran los continuos déficits acumulados año tras año”; “nuestra deuda nacional supera los 36 billones de dólares y estamos añadiendo 1 billón de dólares adicionales cada 170 días, incluso a pesar de los esfuerzos de DOGE para abordar el gasto innecesario. Sólo los pagos de intereses se acercan a 1,5 billones de dólares al año, y nos acercamos rápidamente a un punto en el que los mercados internacionales no tendrán ganas de comprar deuda adicional. No se pueden subestimar las ramificaciones económicas globales de esto, ni tampoco el daño que se causará a los mercados, las inversiones y los consumidores de Estados Unidos”, señala, por lo que propone “una Enmienda de Presupuesto Equilibrado” en la Constitución.
Educación: apoya “los derechos de los padres” en el sistema educativo.
Elecciones: propone elecciones “en las que sólo los votantes legales pueden votar, en las que las papeletas se cuentan de forma segura y en las que los resultados electorales se informan esa misma noche, y las cifras finales exactas tardan unos días en lugar de semanas en conocerse”; rechaza “la votación por orden de preferencia u otro esquema diseñado para manipular el comportamiento o los resultados de los votantes”.
Gobierno: apoya “los esfuerzos del presidente Trump para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal y recortar el gasto”.
Inmigración: afirma que siempre fue una de sus “prioridades” en la Legislatura de Arizona y “una de las principales razones” por las que apoyó a Trump “desde el primer día”; apoya terminar el muro en la frontera y a la Patrulla Fronteriza; propone que “aquellos que están ilegalmente sean deportados rápidamente”; “la inmigración legal es una bendición que da la bienvenida a quienes quieren ser estadounidenses y contribuir a nuestra gran nación. La inmigración ilegal convierte todo eso en una burla y es hora de ponerle fin de una vez por todas”, señala.
Política exterior: afirma que se trata de un tema de “seguridad nacional” y respalda la política de “lograr la paz mediante una fuerza abrumadora”; “sé lo importante que es para Estados Unidos ser fuerte y liderar. Conozco el valor de un Ejército que recluta por patriotismo, compromiso y habilidades físicas y mentales necesarias para hacer el trabajo que se debe hacer para mantenernos seguros”, señala; “Trump ha dejado claro que ya no seremos policías del mundo y que nuestros aliados deben dar un paso al frente y hacer más”, agrega.
Salud: en seguridad social, afirma que es necesario “proteger a las personas mayores” y sus derechos a “recibir atención médica y pagar las necesidades”.
Veteranos: apoya medidas para mejorar la atención médica y para la jubilación, para atender “necesidades que van desde enfermedades físicas hasta daños emocionales y desafíos de salud mental que requieren cuidado”.
Mike Gross
¿Quién es? Nació en Galva, Kansas, y vive en Queen Creek, Arizona. “Estoy cansado de los políticos que hacen lo que les dicen en lugar de hacer lo correcto”, afirma. No tiene página web de campaña, y en sus redes sociales cuestiona especialmente a Mark Lamb, uno de sus rivales en la primaria republicana.
Trayectoria política. No tiene.
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Elecciones: apoya la Ley SAVE porque “la gente quiere elecciones sin fraude”.
Gobierno: apoya políticas de “menos costos” y rendición de cuentas.
¿Quién es? Nació en Gilbert, Arizona. Obtuvo un diploma de escuela secundaria de Basha High School. Trabajó como operador de montacargas en almacén, hizo tareas agrícolas y fundó DK Builders, empresa de construcción de 100 viviendas unifamiliares y proyectos en East Valley. Se presenta como “un fuerte aliado del presidente Trump”. Al hablar sobre la “fe, la familia y la libertad”, considera que “las familias y comunidades fuertes son el corazón de un Estados Unidos fuerte”.
Trayectoria política. No tiene.
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Aborto: en contra; propone “detener los abortos financiados por los contribuyentes”, apoya la adopción y “los recursos para mamás y bebés”.
Armas (Segunda Enmienda): a favor; rechaza “prohibiciones, registros y leyes de alerta que violan el debido proceso”.
Economía: afirma que “la prosperidad comienza con familias fuertes y empresas locales”; apoya las políticas comerciales de América First que “protejan a los trabajadores estadounidenses y devuelvan empleos y manufacturas”; apoya mantener y ampliar los recortes de impuestos de la Administración Trump para familias, pequeñas empresas y creadores de empleo; propone recortar el gasto gubernamental, reducir las regulaciones y así enfrentar la inflación; propone restaurar el crédito tributario por hijos completo; en el aspecto energético, promueve la energía estadounidense (petróleo, gas, energía nuclear) “para reducir las facturas de servicios públicos y la dependencia de otros países”.
Educación: apoya “eliminar el adoctrinamiento woke en las aulas” y reorientar las escuelas hacia “la lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias y la educación cívica”; considera necesario “proteger los derechos de los padres en la educación, incluida la transparencia del plan de estudios y opciones reales de elección de escuela”.
Elecciones: apoya iniciativas para “proteger la integridad electoral”; está de acuerdo con exigir una identificación de votante con fotografía en todo el país “para que cada voto legal cuente, y solo los votos legales cuenten”; propone “limpiar las listas de votantes, poner fin a la recolección de boletas y endurecer las reglas del voto por correo”.
Gobierno: propone “reducir la burocracia y controlar el despilfarro”; valora “defender la libertad de expresión, la libertad religiosa y la privacidad frente a las extralimitaciones del gobierno”.
Inmigración: afirma que “Estados Unidos es una nación de leyes y la frontera debe ser segura”; apoya poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los inmigrantes ilegales “para que la ciudadanía no se utilice como incentivo para violar las leyes” y exigir E-Verify a los empleadores; propone “hacer cumplir las leyes de inmigración existentes, poner fin a la captura y liberación y priorizar la deportación de extranjeros ilegales criminales”; apoya otorgar a la Patrulla Fronteriza y a ICE los recursos “y la autoridad que necesitan para hacer su trabajo de manera segura y efectiva”; apoya terminar el muro fronterizo y “cerrar las lagunas jurídicas en materia de asilo y libertad condicional que explotan los cárteles y los traficantes”.
Medio ambiente: está a favor de promover “una energía confiable y asequible”.
Política exterior: afirma que la prioridad es la seguridad nacional y la frontera; apoya “poner fin a la financiación estadounidense indefinida para conflictos extranjeros como el de Ucrania sin objetivos claros, rendición de cuentas o un plan de salida”; propone “exigir una supervisión estricta de cualquier ayuda exterior e insistir en que los aliados ricos asuman su parte justa” de los pagos; propone “reconstruir la moral y la fuerza de las Fuerzas Armadas”, centrándose “en la preparación y la victoria, no en experimentos sociales”.
Seguridad pública: está de acuerdo con “la aplicación de la ley y oponerse a las políticas blandas contra el crimen que dejan libres a los delincuentes y ponen en peligro a las comunidades”; apoya respaldar a los jueces y fiscales “que hacen cumplir la ley, protegen a las víctimas y mantienen a los delincuentes violentos fuera de las calles”.
Veteranos: propone reformar el Departamento de Asuntos Veteranos (VA) para que “reciban atención de alta calidad sin trámites burocráticos ni demoras”; propone ampliar las opciones de atención médica “para que puedan consultar a médicos privados” cuando el VA no pueda atenderlos; propone que “los líderes del VA rindan cuentas por las fallas y proteja a los denunciantes que exponen el despilfarro, el fraude y el abuso”.
¿Quién es? Nació en Hawai y tiene 53 años. Sheriff del Condado Pinal desde 2017 y 2024, se presenta como “líder conservador auténtico y sin remordimientos”; su postulación es respaldada por Trump. Antes de ser sheriff, trabajó en el Departamento de Policía de la comunidad india de Salt River Pima-Maricopa. Afirma que cree “sin disculpas en Dios, los valores familiares, la libertad, los derechos constitucionales y en poner a Estados Unidos en primer lugar”. “La fe en Dios y la lealtad a la familia son algunas de las cosas más importantes del mundo”, señala.
Trayectoria política. En 2024, compitió en la primaria republicana por la candidatura al Senado de Estados Unidos y perdió ante Kari Lake.
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Inmigración: afirma que, como sheriff, vio “los peligros de la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y los delitos violentos”; señala que su prioridad es la seguridad y se presenta como un candidato de “ley y orden”.
Libertades: destaca que durante la pandemia se negó a hacer cumplir “mandatos inconstitucionales” de “los políticos del Gran Gobierno” y que defendió las libertades individuales.
¿Quién es? Nació en Nebraska, tiene 29 años y es abogado. Se crió en una comunidad rural al noroeste de Omaha, Nebraska, donde su padre construyó un negocio agrícola; sus abuelos cultivaban y criaban ganado. Se graduó en la Universidad de Saint Louis en 2018 y obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad de Missouri en 2022. Como abogado, afirma que representa a “personas comunes y corrientes que enfrentan problemas cotidianos” y a pequeñas empresas. “Estoy cansado de que nuestros funcionarios electos ignoren las necesidades de la gente común. Me postulo porque nuestros líderes han dejado de lado las necesidades de las familias trabajadoras y de clase media en favor de llenarse los bolsillos y otorgar exenciones fiscales a sus amigos multimillonarios”, señala. Vive en San Tan Valley y tiene una hija.
Trayectoria política. No tiene.
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Aborto: a favor.
Diversidad y género: apoya los derechos de la comunidad LGBTQIA+; propone legislación para “prohibir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género de una persona”; apoya recursos para las personas queer y trans “sin importar dónde vivan”.
Economía: propone que “los multimillonarios y las corporaciones paguen su parte justa de impuestos”; “cerraré las lagunas que permiten a los ultrarricos acceder a su riqueza sin pagar impuestos sobre sus ganancias”, señala; “las clases trabajadora y media no deberían pagar la factura del gasto público que se canaliza hacia los bolsillos de multimillonarios y corporaciones multinacionales”, agrega; en el aspecto laboral, propone aprobar la Ley de Protección del Derecho de Sindicación (Ley PRO), que “garantizaría un proceso claro para que los trabajadores se sindicalicen”; propone aprobar la Ley de Contratos Laborales más Rápidos, para que los trabajadores “puedan negociar y celebrar rápidamente un acuerdo de negociación colectiva después de votar a favor de sindicalizarse y evitaría que los empleadores estanquen las negociaciones”; propone derogar la Ley Taft-Hartley, a la que califica como “la legislación más antiobrera” de Estados Unidos porque “debilita la capacidad de los trabajadores para defenderse y desplaza el poder de negociación a favor de los empleadores”; propone reformar o derogar la Ley de Trabajo Ferroviario, que “trata a los trabajadores ferroviarios y aéreos de manera diferente a los de otras industrias, y crea controles y barreras a los derechos de los trabajadores a sindicalizarse y negociar”.
Educación: apoya la educación pública “gratuita y de calidad”, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, la financiación para estudiantes con discapacidades.
Elecciones: propone una enmienda constitucional para “mantener a las corporaciones afuera de las elecciones” y cuestiona que en la elección presidencial de 2024 Elon Musk aportara a la campaña de Trump.
Ética: propone prohibir que los miembros del Congreso y sus familias puedan, en el mercado de valores, negociar “acciones individuales en cuentas sobre las que tengan control”; cuestiona “el uso de información privilegiada por parte de miembros del Congreso” y afirma que “los políticos de ambos partidos han utilizado el conocimiento interno que viene con sus posiciones para enriquecerse en el mercado de valores”; “deben limitarse a comprar y mantener fondos mutuos diversificados y fondos indexados para que no se pueda abusar del conocimiento de los próximos contratos gubernamentales u otra información para obtener ganancias financieras”, señala.
Inmigración: apoya “revisar el sistema de inmigración” y cuestiona a ICE; propone que “toda persona que haya trabajado o haya estado asociada con ICE debe ser despedida”; apoya “reconstruir desde cero” ICE mediante “nuevo personal, nuevas políticas internas y un nuevo objetivo: una aplicación de la ley responsable y bien investigada que dé prioridad a las personas con delitos violentos o conexiones comprobadas con el crimen organizado”; “los agentes de ICE que matan o abusan de manifestantes deben ser procesados”, señala.
Política exterior: cuestiona el respaldo de Estados Unidos a Israel, afirma que debe suspender “toda ayuda militar” a Israel y que “debe impulsar una solución a largo plazo que garantice a los palestinos el derecho a existir y a autogobernarse y promueva una paz duradera en la región”.
Salud: afirma que el sistema de salud “está roto y deja las decisiones sobre cuidados cruciales a las compañías de seguros con fines de lucro”; “el mercado libre de seguros ha disparado los costos debido a la compleja red de burocracia necesaria para que los proveedores reclamen el reembolso de los servicios y perjudica a las pequeñas empresas que no pueden negociar primas como pueden hacerlo las grandes corporaciones”, señala; “la atención médica es un derecho humano y nadie debería tener que elegir entre la muerte y la deuda médica”, agrega; propone “un plan nacional de pagador único, con opciones privadas disponibles para quienes deseen pagar de su bolsillo”; “al implementar Medicare para Todos, podemos invertir en una fuerza laboral saludable y estable a costos más bajos de los que ya se pagan”, indica; apoya “proteger la Seguridad Social y Medicare” de recortes en el presupuesto; propone “eliminar el límite de las contribuciones individuales al Seguro Social para garantizar que el programa esté totalmente financiado para los trabajadores jubilados que obtuvieron su Seguro Social”; propone que se otorguen 12 semanas de licencia parental remunerada para los padres; apoya una ley de familia para “crear un programa de seguro nacional que cubriría un porcentaje de los salarios hasta 12 semanas en caso de enfermedad grave, embarazo, parto y otros eventos de salud o para cuidar a miembros de la familia”.
Seguridad pública: propone “restringir la inmunidad calificada para las fuerzas del orden”; “la inmunidad calificada es una doctrina legal que permite a las fuerzas del orden esconderse incluso detrás de los argumentos más endebles para evitar la rendición de cuentas”, señala; “sin inmunidad calificada, las autoridades policiales estarán sujetas a los mismos estándares que cualquier otro profesional que cometa un error”, agrega.
Vivienda: propone legislación que “impida a las corporaciones comprar viviendas unifamiliares y las obligue a desinvertir en las viviendas que actualmente poseen”; cuestiona a “los codiciosos propietarios corporativos de tierras, los promotores inmobiliarios y las restrictivas leyes de zonificación”; afirma que “las casas son para las personas, no para el valor de los accionistas”; propone legislación que “amplíe las subvenciones federales y los incentivos fiscales para que la construcción de viviendas a precios asequibles sea financieramente viable para los constructores, para que los compradores de vivienda por primera vez tengan opciones en el mercado que se adapten mejor a sus necesidades y presupuesto”; afirma que “un historial de pago del alquiler a tiempo debería calificar para una hipoteca” y propone “la expansión de los préstamos hipotecarios respaldados por el gobierno federal para compradores primerizos que califiquen según un historial de pago de alquiler”; propone legislación que “amplíe la asistencia para el pago inicial y las bajas tasas hipotecarias” para compradores de vivienda por primera vez.
¿Quién es? Nació en Phoenix y creció en el centro y norte de Arizona. Es enfermero y exveterano de combate. Recuerda que sus bisabuelos emigraron desde España “en busca de oportunidades y una vida mejor”, con “sus valores de trabajo duro, servicio y comunidad”. Tras graduarse en la escuela secundaria Prescott, asistió a la Universidad del Norte de Arizona, pero abandonó para alistarse en el Ejército de Estados Unidos, donde sirvió como médico de combate entre 2005 y 2011; luego regresó a la Universidad para completar sus estudios y obtuvo su licenciatura en 2014. En 2019 obtuvo una maestría en la Universidad del Sur de Alabama. Afirma que decidió postularse por “la creciente polarización y división de los últimos años” y que cree “en la unidad por encima de la división”, por lo que quiere “ser un representante que escuche no sólo a un lado sino a todos”; por eso considera que “la legislación debe basarse en la cooperación bipartidista y debe reflejar las diversas necesidades de nuestras comunidades”.“Como veterano y proveedor de atención médica, aprendí que el liderazgo consiste en escuchar y hacer lo que dices que harás, cumplirlo y nunca olvidar a quién estás sirviendo. Nuestro sistema político debería reflejar eso”, señala. Vive en East Mesa y tiene seis hijos.
Trayectoria política. No tiene.
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Aborto: afirma que es un tema “profundamente privado entre el paciente, su médico y su fe”; “no es función del gobierno tomar esa decisión por otra persona, confío en las mujeres y en los médicos que las atienden”, señala; apoya “la atención sanitaria reproductiva integral, incluido el acceso a la anticoncepción, la atención prenatal, los servicios de planificación familiar y la educación médica”, que “ayudan a reducir los embarazos no deseados, apoyan a familias saludables y brindan a las personas las herramientas para tomar decisiones informadas sobre su salud y su futuro”.
Diversidad y género: apoya los derechos de la comunidad LGBTQ+; “creo que todos, independientemente de quiénes sean, merecen las mismas libertades, protecciones y respeto ante la ley. Nadie debería perder su trabajo, vivienda o seguridad sólo por ser quien es. Como veterano, juré proteger los derechos de todos los estadounidenses. Eso incluye proteger las libertades de los ciudadanos LGBTQ+ de vivir sus vidas sin discriminación ni miedo”, señala; apoya las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) porque “son valores esenciales que garantizan oportunidades, justicia y dignidad para todos” y porque “ayudan a construir comunidades y lugares de trabajo más fuertes e inclusivos”.
Educación: afirma que “las familias fuertes comienzan con escuelas sólidas” y que el sistema de educación pública “carece de fondos suficientes y está sobrecargado”, por lo que “los maestros están al límite y los niños se están quedando atrás”; apoya “aulas seguras, plan de estudios sólido y maestros remunerados de manera justa”; “la educación debería centrarse en la lectura, la escritura, la responsabilidad y el control local”, señala; apoya la educación temprana, la participación de los padres y la financiación de las escuelas públicas, y rechaza “la extralimitación federal”.
Inmigración: propone “fronteras seguras y soluciones humanas”; considera necesario “proteger las fronteras y garantizar que el sistema de inmigración realmente funcione”; apoya “una estricta vigilancia fronteriza”; “respeto profundamente a los hombres y mujeres que sirven como agentes federales”, señala; considera que “a quienes ingresan ilegalmente a este país y cometen delitos no se les debe permitir quedarse” pero indica que “muchos de los que vienen aquí huyen de la violencia, la pobreza o la persecución, buscando la misma vida mejor que alguna vez tuvieron nuestros propios antepasados”; “necesitamos un camino legal, humano y funcional hacia la ciudadanía que permita a las personas buenas seguir la ley, no temerla”, afirma; propone “reasignar recursos hacia el procesamiento de casos, la asistencia legal y la concientización de la comunidad, para centrarnos en las amenazas reales y al mismo tiempo ofrecer dignidad y dirección a quienes realmente quieren contribuir a este país”.
Medio ambiente: afirma que “la conservación no es una cuestión partidista, es una responsabilidad” y destaca “las tierras, aire limpio y agua” de Arizona; “el cambio climático es real y deberíamos liderar en lo que respecta a la energía renovable y la creación de empleo sostenible”, señala; apoya políticas energéticas “equilibradas y favorables al empleo, que protejan los recursos naturales y ayuden a Arizona a liderar la innovación limpia”; propone priorizar “la conservación del agua, la prevención de incendios forestales y la independencia energética”, con “soluciones y administración locales”.
Política exterior: “como veterano, creo en una defensa nacional fuerte, pero también en una política exterior centrada y disciplinada. Hemos gastado billones en el extranjero mientras nuestras propias comunidades enfrentan la falta de vivienda, la adicción y una infraestructura en ruinas”, señala; propone “volver a centrarse en la seguridad” dentro de Estados Unidos y apoya la seguridad fronteriza, “abordar de frente la crisis del fentanilo” y la inversión en ciberseguridad; “la protección de Estados Unidos comienza en casa”, afirma.
Salud: afirma que “los precios de los medicamentos son escandalosos” y que “para muchos estadounidenses los medicamentos que salvan vidas están fuera de su alcance a menos que tengan un seguro de primer nivel, y la mayoría no lo tiene”; propone “responsabilizar a las compañías farmacéuticas por cobrar precios altísimos por medicamentos cuya producción cuesta centavos”; “nadie debería tener que elegir entre su salud y el alquiler”, señala; considera que con la legislación actual “los beneficiarios de Medicaid corren el riesgo de perder la atención y las consecuencias a largo plazo serán devastadoras” porque las personas “dependen del acceso a la atención para sobrevivir”; propone legislación que “proteja a los más vulnerables, mejore el acceso y garantice que todos puedan vivir en un país seguro y saludable”; “la atención médica no debería ser un privilegio, es una obligación moral”, señala.
Seguridad pública: afirma que el despliegue de las Fuerzas Armadas en suelo estadounidense “debe ser un último recurso, nunca un truco político”; advierte que Departamentos de Bomberos tienen “fondos insuficientes”.
Veteranos: apoya medidas para que “reciban la atención y el apoyo que se han ganado”.
Vivienda: afirma que “es un problema de clase media” y que “las familias trabajadoras están siendo excluidas del mercado por los precios”; “los alquileres se disparan, ser propietario de una vivienda está fuera de su alcance y nuestros hijos no pueden vivir en las ciudades en las que crecieron”, señala; propone “soluciones inteligentes impulsadas por el mercado, que mantengan la vivienda asequible sin una regulación excesiva”; apoya a los constructores y la reducción de la burocracia que “retrasa la construcción de viviendas y eleva los costos”; apoya reducir “las presiones sobre las tasas de interés del Distrito de Columbia que están aplastando a familias y pequeños desarrolladores de Arizona”; propone “incentivar a los constructores locales, no a las extralimitaciones federales, y priorizar las viviendas para la fuerza laboral, para que enfermeras, maestros, veteranos y socorristas puedan vivir en las comunidades a las que sirven”; propone “trabajar en políticas justas que estabilicen los costos de la vivienda y amplíen las opciones asequibles sin agregar regulaciones innecesarias”.
¿Quién es? Es presidente y director ejecutivo del Centro Nacional para el Desarrollo Empresarial de los Indígenas Americanos, organización con sede en Arizona que promueve el crecimiento de las pequeñas empresas y los nativos americanos. “Su trabajo ha ayudado a crear empleos, abrir nuevos mercados y atraer inversiones a comunidades que el establishment político suele pasar por alto. En este cargo, testificó sobre la política de desarrollo económico ante el Congreso, redactó legislación bipartidista que finalmente se convirtió en ley y trabajó en colaboración con republicanos y demócratas para promover soluciones que empoderen a las pequeñas empresas y trabajen para garantizar que nuestra economía funcione para todos”, señala su página web. Creció en zonas rurales de Estados Unidos, donde su padre cultivaba la tierra; además, su abuelo fue ministro metodista y su abuela curaba productos artesanales en una tienda en Qualla Boundary, hogar ancestral de la Banda Oriental de Indios Cherokee. Obtuvo una licenciatura en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington en 1999 y un posgrado en la Universidad de Western Carolina en 2006. Fue ejecutivo en organizaciones sin fines de lucro y estratega económico de pequeñas empresas. Además, fundó la Coalición Tecnológica de Pequeñas Empresas para ayudar a los emprendedores a competir en la economía digital. “El progreso no se trata de partidos, sino de personas”, afirma. Vive en Gilbert y tiene tres hijos.
Trayectoria política. Fue ejecutivo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante la presidencia de Obama, y luego director en la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos. Durante la primera presidencia de Trump, fue miembro del Comité Asesor sobre Diversidad y Empoderamiento Digital de la FCC, donde ayudó a ampliar el acceso a la banda ancha y la inclusión digital en comunidades marginadas. Durante la presidencia de Biden, formó parte del Equipo de Transición Biden-Harris, copresidió la estrategia de política económica nativa y fue nombrado en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para impulsar a las comunidades nativas.
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Aborto: considera necesario “proteger la autonomía personal, afirmando el derecho de cada persona a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su salud (ya sea planificación familiar, tratamiento de salud mental u opciones para el final de la vida) sin una intrusión indebida del gobierno”.
Agua: propone mejorar la infraestructura y revitalizar los sistemas de agua con “diseños rentables y preparados para el futuro”.
Comunidades tribales: apoya los compromisos de los tratados, “salvaguardando la soberanía tribal e invirtiendo en empresas e infraestructura”.
Economía: propone mayor acceso a préstamos a bajo interés, subvenciones y financiamiento comunitario para pequeñas empresas, especialmente en áreas suburbanas; apoya “regulaciones simplificadas que reducen la burocracia, aceleran la innovación y facilitan el lanzamiento y la ampliación de nuevas empresas”; apoya proteger el derecho a la negociación colectiva; propone créditos fiscales específicos, asociaciones público-privadas e iniciativas de contratación local; impulsa “la manufactura avanzada y el desarrollo de tecnología financiera”, con “incentivos específicos, inversiones en infraestructura y asociaciones de fuerza laboral para fabricantes de alta tecnología, tecnología limpia y tecnología financiera”; propone programas vocacionales, técnicos y de aprendizaje en colegios comunitarios, escuelas vocacionales y colaboraciones industriales con los sectores de “más rápido crecimiento de Arizona”; apoya modernizar la infraestructura de transporte con la mejora de las carreteras y más opciones de transporte público; apoya cerrar la brecha digital con “la extensión de la banda ancha asequible y de alta velocidad a vecindarios desatendidos, para que estudiantes, pequeñas empresas y proveedores de atención médica puedan competir en la economía actual”; propone dar prioridad a la contratación de trabajadores locales y a pequeñas empresas en proyectos de obras públicas; apoya iniciativas de infraestructura estratégica.
Educación: propone aumentar la inversión en educación K-12, con financiación para escuelas públicas y salarios “competitivos” para los docentes, y ampliar la educación STEM y CTE, en asociación con escuelas, instituciones de investigación y la industria para “equipar a los estudiantes con habilidades del siglo XXI y despejar rutas hacia carreras de alta demanda”; apoya escuelas de oficios y programas de aprendizaje, programas de capacitación vocacional “que ofrezcan caminos directos y asequibles hacia oficios calificados y ayuden a satisfacer las necesidades de la fuerza laboral local”; propone fortalecer el sistema de colegios comunitarios “mejorando los programas de capacitación de la fuerza laboral para hacer que la educación postsecundaria sea más accesible y asequible”; propone “reducir el costo de la educación superior y la deuda de los estudiantes mediante el congelamiento de las matrículas en las universidades estatales, la ampliación de los programas de subvenciones y becas, e incentivos para que las escuelas controlen las tarifas”; apoya la educación de la primera infancia y el pre-kinder universal; propone recapacitar a la fuerza laboral mediante asociaciones público-privadas que “conecten a quienes buscan empleo con los empleadores” y ampliar la educación de adultos y los programas de educación continua.
Elecciones: apoya “la libertad de votar” y se opone a leyes de supresión de votantes; propone restaurar la Ley de Derecho al Voto y ampliar la votación anticipada, el voto por correo y el registro el mismo día de la votación; propone financiar los departamentos electorales locales y reforzar la ciberseguridad; apoya “poner fin al control de las corporaciones, fortaleciendo las leyes de transparencia y apoyando la reforma del financiamiento de campañas”; propone “una redistribución de distritos independientes” y promover la educación cívica y la participación de los jóvenes.
Gobierno: apoya la responsabilidad y disciplina fiscal y “la supervisión bipartidista a través de rigurosas revisiones de costos-beneficios”.
Inmigración: propone “encontrar soluciones bipartidistas y de sentido común para la reforma migratoria y la seguridad fronteriza que mantengan seguras a nuestras comunidades, establezcan vías claras de visas de trabajo para que los inmigrantes contribuyan legalmente y capaciten a las pequeñas empresas para que patrocinen a los trabajadores calificados que necesitan”.
Medio ambiente: apoya proyectos de energía limpia, con inversión en “soluciones renovables asequibles” y la creación de empleos locales “bien remunerados”.
Salud: afirma que nadie “debería tener que elegir entre su salud y su seguridad financiera” y propone “reformas fiscalmente responsables y de sentido común que modernicen la atención, protejan las opciones personales y brinden servicios de alta calidad sin arruinarse”; propone modernizar Medicare “actualizando reglas obsoletas para cubrir servicios dentales, oftalmológicos, auditivos, de salud mental y a domicilio”, y que las personas mayores reciban “el espectro completo de atención”; propone “aprovechar la tecnología y la telesalud” y eliminar barreras de licencia para que los proveedores “puedan compartir información de forma segura” y tratar a pacientes más allá de fronteras estatales; considera necesario fortalecer el acceso local a la atención, con subvenciones federales para hospitales, clínicas comunitarias y unidades móviles, para que “los vecindarios tengan acceso a un tratamiento de alta calidad”; propone asociaciones público-privadas para ahorrar costos y mejorar la transparencia de los precios de los medicamentos; está de acuerdo con “una estricta rendición de cuentas por cada dólar gastado en atención médica”.
Seguridad pública: apoya mayores subvenciones federales para que la Policía, los Departamentos de Bomberos y los servicios de emergencias médicas “tengan fácil acceso a fondos para equipos, capacitación y personal”; propone mejorar el financiamiento para organizaciones comunitarias y sin fines de lucro que actúan en respuesta a desastres, a través de la “simplificación de las subvenciones federales” y con coordinación para que las ONG locales, los grupos religiosos y los equipos de voluntarios puedan “liderar una recuperación rápida impulsada por la comunidad cuando se produzcan incendios, inundaciones o cortes de energía que causen tormentas de polvo”.
Veteranos: apoya políticas que los beneficien.
¿Quién es? Es enfermera especializada en parto y fertilidad: obtuvo una licenciatura en la Universidad Estatal de Northwestern en 2005 y un título asociado en la Facultad de Enfermería de Carrington en 2013. Estuvo afiliada a la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, el Centro ASRM para el Liderazgo Político, la Asociación Nacional de Infertilidad, la Junta de Enfermería del Estado de Arizona, Reproductive Freedom for All, Greater National Advocates y Healthcare Rising, entre otras organizaciones. “He pasado más de una década como enfermera y defensora de los pacientes, ayudando a miles de personas a superar algunas de las experiencias más complejas desde el punto de vista emocional, devastadoras desde el punto de vista financiero y profundamente personales de sus vidas. Me postulo para luchar como he luchado por mis pacientes”, señala en su presentación ante los votantes en su página web, que tiene versión en español.
Trayectoria política. No tiene.
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Aborto: a favor; propone establecer el acceso al aborto en todo el país sin restricciones estatales, proteger su acceso con medicamentos (mifepristona y misoprostol), y que las mujeres que enfrentan complicaciones en el embarazo reciban atención de emergencia; apoya iniciativas de educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos en las escuelas, porque “prevenir los embarazos no deseados reduce las tasas de aborto”; propone restablecer la financiación federal para las clínicas de planificación familiar (“retirarles la financiación no detiene los abortos, detiene las pruebas de detección de cáncer”, señala) y garantizar que las mujeres con bajos ingresos tengan acceso a pruebas de detección de cáncer, pruebas de ITS y anticonceptivos.
Agua: apoya iniciativas para proteger las asignaciones de agua del río Colorado en Arizona, invertir en infraestructura hídrica y tecnología de conservación; propone que “las mega granjas corporativas rindan cuentas por el uso insostenible del agua”; apoya la investigación sobre desalinización y los programas de reciclaje de agua; “Phoenix, Mesa y Gilbert necesitan seguridad hídrica a largo plazo”, señala.
Armas: propone verificación universal de antecedentes, cerrar “la laguna jurídica de las ferias de armas”, garantizar que todas las ventas de armas incluyan una verificación de antecedentes; apoya que familias y fuerzas del orden puedan “retirar temporalmente las armas a las personas en situación de crisis”, para prevenir suicidios y tiroteos masivos; apoya la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad porque “las armas de guerra no tienen cabida en nuestros barrios”; apoya iniciativas para invertir en salud mental y prevención de la violencia, abordar las causas de la violencia con armas de fuego y financiar programas de intervención comunitaria.
Comunidades rurales: propone ampliar el acceso a la telesalud para las comunidades rurales “y desatendidas”.
Economía: propone “eliminar las lagunas fiscales para los multimillonarios y las empresas”, y que “ningún multimillonario” pague menos impuestos “que una enfermera o un maestro”; se opone a “los recortes fiscales para los ricos mientras las familias trabajadoras pasan apuros”; propone ampliar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos, y que ambos sean “totalmente reembolsables”; está de acuerdo con “proteger y ampliar los derechos sindicales” y rechaza leyes que “debilitan a los sindicatos”; propone aumentar el salario mínimo federal “hasta convertirlo en un salario digno” y garantizar “horarios justos y bajas por enfermedad remuneradas”; se opone a los aranceles del gobierno federal porque “aumentan los precios de los productos de uso diario” y propone “negociar acuerdos comerciales justos que protejan a los trabajadores estadounidenses sin perjudicar a los consumidores”; propone ampliar los programas SNAP y de asistencia alimentaria.
Educación: propone financiar “íntegramente las escuelas públicas” y aumentar su financiamiento, aumentar los salarios de los maestros y establecer un “salario mínimo nacional”, y reducir el tamaño de las clases “para mejorar los resultados de los estudiantes”; se opone a “la privatización de las escuelas y los programas de vales”, que “drenan el dinero de las escuelas públicas”; apoya que las escuelas que reciben fondos públicos rindan cuentas; propone aumentar la financiación de los programas de aprendizaje de inglés (ELL) y de educación bilingüe, contratar más maestros certificados en inglés como segunda lengua (ESL), y otorgar recursos para estudiantes inmigrantes y refugiados; apoya la ampliación de servicios de educación especial, financiar “íntegramente” la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), reducir la carga de trabajo de los maestros de educación especial, y proporcionar tecnología de asistencia y apoyo individualizado; propone invertir en artes y educación creativa, restablecer la financiación federal para los programas artísticos en las escuelas, y apoyar programas de música, teatro, artes visuales y escritura creativa; apoya que la educación superior sea asequible mediante la ampliación de las becas Pell y las ayudas federales para estudiantes, el apoyo a los colegios comunitarios sin cuotas de matrícula, el abordaje de “la crisis de la deuda de los préstamos estudiantiles” y el aumento de la financiación para la formación profesional y técnica.
Elecciones: apoya la ampliación del acceso al voto, el voto anticipado y por correo; se opone a las leyes de identificación de votantes “diseñadas para suprimir la participación”; propone restablecer la Ley del Derecho al Voto; “la democracia funciona mejor cuando todos participan. Votar debe ser fácil, seguro y accesible”, señala; propone una enmienda constitucional para “revocar (el fallo) Citizens United” y “sacar el dinero de la política”, exigir transparencia en las donaciones a las campañas electorales y limitar la influencia del “dinero oscuro”, ya que “el voto no debe quedar ahogado por los Super PAC de los multimillonarios”; propone defender a los trabajadores electorales del acoso y las amenazas, y fortalecer la ciberseguridad de los sistemas de votación.
Inmigración: propone “proteger la frontera con soluciones inteligentes”, invertir en tecnología e infraestructura “modernas”, contratar a más agentes fronterizos, jueces y funcionarios de asilo para tramitar los casos “con rapidez”, combatir el tráfico de drogas y la trata de personas, porque “la seguridad fronteriza y la compasión no son mutuamente excluyentes y se pueden tener ambas cosas”; propone crear una vía hacia la ciudadanía para los dreamers o soñadores, aprobar protecciones permanentes para los beneficiarios de DACA, permitir que los jóvenes que crecieron en Estados Unidos “se queden, trabajen y contribuyan” porque no hay que “castigar a los niños por las decisiones de sus padres”; propone reformar el sistema de inmigración a través de la agilización de la inmigración legal para que las personas “no tengan que esperar décadas”, el otorgamiento de representación legal a los solicitantes de asilo y el mantenimiento de las familias unidas, ya que “Estados Unidos es una nación de inmigrantes y el sistema (inmigratorio) debe reflejar nuestros valores”.
Medio ambiente: apoya iniciativas para ampliar la inversión en energías renovables, el desarrollo de la energía solar, eólica y limpia ya que “Arizona tiene más de 300 días de sol al año”, y la creación de empleos verdes en la fabricación e instalación; propone desgravaciones fiscales a propietarios que instalen paneles solares, que además implicaría facturas de servicios públicos más bajas; propone restablecer la financiación de la EPA (Agencia de Protección Ambiental), fortalecer las regulaciones ambientales y las normas de aire y agua limpios, y “hacer responsables a los contaminadores” porque “las empresas contaminantes no deberían poder envenenar nuestras comunidades y salir impunes”; propone abordar el cambio climático “con urgencia” mediante la reincorporación a los acuerdos internacionales sobre el clima, la inversión en “resiliencia climática y preparación para desastres”, y el apoyo a las comunidades afectadas por el calor extremo, los incendios forestales y la sequía.
Salud: afirma que la atención médica es “un derecho humano”; propone reducir los costos de los medicamentos recetados y limitar el precio de la insulina a 35 dólares para todos los estadounidenses, no solo para los beneficiarios de Medicare; apoya que Medicare “negocie los precios de todos los medicamentos recetados”; propone “acabar con la especulación de los administradores de beneficios farmacéuticos, que inflan los costos”, y crear “requisitos de transparencia para que los pacientes conozcan el costo real de los medicamentos”; apoya ampliar Medicare, Medicaid y la Seguridad Social; rechaza “cualquier intento de recortar, privatizar o aumentar la edad de jubilación”; propone “fortalecer el Seguro Social haciendo que millonarios y multimillonarios paguen lo que corresponde”; propone “proteger a los pacientes de los errores médicos” y exigir a hospitales, clínicas y farmacias que “revelen las advertencias de los medicamentos en recuadros negros y que documenten el conocimiento y la aceptación de esos riesgos por parte de los pacientes”; propone “acabar con las facturas médicas sorpresa”; considera necesario ampliar el acceso a los servicios de salud mental e integrarlos a la atención primaria, aumentar la financiación de las clínicas comunitarias de salud mental y abordar la escasez de personal especializado; propone mayor acceso a la fecundación in vitro mediante una ley federal que la proteja “de los ataques a nivel estatal”, exigir la cobertura de los tratamientos de fertilidad por parte de los seguros porque “actualmente solo 20 estados lo exigen”, ampliar la deducción fiscal por adopción y crear subvenciones para familias de bajos ingresos que deseen recibir tratamiento de fertilidad; “me convertí en madre tanto por adopción como por fecundación in vitro. Conozco el desgaste emocional, la carga económica y la alegría que supone finalmente tener a tu hijo en brazos. También sé lo que es lidiar con un sistema sanitario que trata la formación de una familia como un lujo en lugar de como un deseo humano fundamental”, señala; propone abordar la crisis de mortalidad materna entre las mujeres negras, que “tienen tres veces más probabilidades de morir por complicaciones del embarazo”.
Veteranos: considera necesario “dotar de recursos suficientes al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA)” y poner fin a “la crisis de suicidios entre los veteranos con servicios integrales de salud mental”; propone eliminar los tiempos de espera para las citas médicas, ampliar la cobertura de VA para afecciones relacionadas con el servicio militar, y apoyar a los cuidadores y las familias de los veteranos.
Vivienda: propone “tomar medidas enérgicas contra los propietarios corporativos y las empresas de inversión que compran viviendas unifamiliares”, ayudar a los compradores de primera vivienda con apoyo para el pago inicial, ampliar la construcción de viviendas asequibles mediante subvenciones federales, fortalecer la protección de los inquilinos contra “las prácticas abusivas”, y limitar los aumentos de renta para “evitar la especulación”.
Evan Olson
¿Quién es? Nació en Rochester, Minnesota, y fue director de desarrollo empresarial. Obtuvo una licenciatura en la Universidad del Gran Cañón en 2022. Estuvo afiliado a organizaciones como Rank Choice Arizona, Open Primaries US, Term Limits for Congress y American Promise. No tiene página web de campaña.
Trayectoria política. En 2024, fue candidato independiente al Senado de Arizona.
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Economía: propone “pelear por la clase trabajadora”.
Seguridad pública: cuestiona a ICE y considera necesario “mantenerlo afuera de las calles” luego de lo ocurrido en Minnesota.
¿Quién es? Nació en Phoenix, Arizona, y fue criado por una familia de constructores y mecánicos (su padre era carpintero y su abuelo fabricaba llaves inglesas). Se graduó en la escuela secundaria de Wickenburg y asistió al Colegio Río Salado. Trabajó como gerente de operaciones en el área de la construcción y en tecnología. “Construí mi carrera en gestión de la construcción y obtuve certificaciones en Gestión de Proyectos. He pasado años liderando proyectos complejos, mejorando sistemas y encontrando soluciones prácticas bajo presión. Esa experiencia me enseñó a escuchar, a liderar y a hacer las cosas, habilidades que creo que hoy hacen falta en el Congreso”, señala en su presentación. “Si está cansado de que lo menosprecien, lo ignoren o lo exploten, esta campaña es para usted”, afirma, y se dirige especialmente al votante que “es un demócrata de toda la vida, un conservador que se siente abandonado o alguien que simplemente está harto de la política”.
Trayectoria política. No tiene.
¿Cuáles son sus propuestas e ideas?
Aborto: a favor.
Economía: apoya aplicar más impuestos a “los multimillonarios” ya que “si los ultrarricos pagaran lo que deben, podríamos financiar el cuidado infantil universal, ampliar la Seguridad Social y cancelar la deuda estudiantil”; afirma que los trabajadores “merecen un salario digno”.
Elecciones: propone “elecciones financiadas con fondos públicos, donde sólo los ciudadanos de Estados Unidos puedan donar y los multimillonarios no puedan”, para que “los candidatos reciban los mismos recursos para postularse, no en función del tamaño de los donantes sino del apoyo de los votantes”; afirma que el fallo judicial Citizens United “fue un punto de inflexión” porque “las corporaciones y los multimillonarios han inundado las elecciones con dinero oscuro”, otorgó a las corporaciones “los mismos derechos de expresión que a las personas”, permitió un gasto político ilimitado a través de Super PAC y “organizaciones fantasma” e “hizo casi imposible rastrear de dónde viene el dinero”, por lo que propone una enmienda constitucional; apoya legislación como la Ley Disclose, a favor de la transparencia en la financiación de campañas; propone prohibir que los PAC corporativos y las “entidades con influencia extranjera” gasten en las elecciones estadounidenses.
Inmigración: afirma que “la mayor fuente de inmigración indocumentada no es el cruce fronterizo” sino “un sistema legal fallido”, donde “las personas que llegan legalmente pierden su estatus porque el sistema no funciona”, por lo que propone “simplificar la naturalización, restaurando el debido proceso y poniendo fin a la discriminación racial”; “creemos en una seguridad fronteriza inteligente, no en una política basada en el miedo”, señala; propone “abolir ICE” porque “se ha convertido en un símbolo de miedo, no de seguridad”; “no necesitamos más muros, necesitamos un proceso de naturalización funcional, humano y eficiente, que respete a las familias, honre el trabajo y refleje la realidad de que los inmigrantes ya son parte de nuestras comunidades y nuestra economía y futuro”, sostiene; en cuanto a la seguridad de la frontera y los cruces ilegales, propone “una aplicación de la ley inteligente y específica, no un teatro político”, que incluya “detener el tráfico de drogas y la explotación humana sin criminalizar a las familias que buscan una vida mejor”; propone legislación para “agilizar el proceso de naturalización, reducir los retrasos y ampliar las vías legales hacia la ciudadanía”, impulsar la supervisión federal de las agencias de inmigración para “poner fin a los perfiles raciales y las redadas inconstitucionales”, trabajar con grupos de derechos de los inmigrantes para “documentar abusos y exigir responsabilidad a ICE y CBP”, y pedir al Departamento de Justicia que “investigue la discriminación sistémica en los tribunales de inmigración y los centros de detención”.
Salud: considera que la atención médica “es un derecho, no un privilegio”; propone financiar el Seguro Social con mayores impuestos a “los millonarios”; propone “eliminar el límite de ingresos para que todas las ganancias contribuyan al programa”, aumentar los beneficios mensuales para “reflejar el costo de vida real de las personas mayores”, proteger la Seguridad Social de “la privatización y recortes de beneficios”; apoya atención médica universal, que “costaría menos que el sistema actual, reduciría el desperdicio administrativo y eliminaría el caos de tratar con las compañías de seguros”; “las compañías de seguros privadas recaudan miles de millones mientras obligan a los pacientes a lidiar con un sinfín de trámites, denegaciones, restricciones de red y facturas sorpresa”, señala; propone “un sistema de pagador único” que “eliminaría los gastos generales de las aseguradoras competidoras, simplificaría la facturación y daría a todos acceso a la atención médica, sin el laberinto de redes y niveles de cobertura”; propone un sistema de salud universal “financiado con fondos públicos que cubra a todos los estadounidenses desde el nacimiento hasta la jubilación”, y eliminar primas, deducibles y copagos para reemplazarlos por “un impuesto progresivo”; propone negociación de precios de medicamentos.
Más información sobre el proceso electoral 2026 en Arizona:
Elecciones 2026: la carrera por la Gubernatura de Arizona
¿Qué se votará en Arizona en 2026? Guía electoral
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A newsletter about role of higher education in society — plus Open Campus developments.
Declining numbers of international students coming to study in the U.S. hurts local economies, according to new data released this week.
International students’ economic contributions declined by $1.1 billion this fall, costing the U.S. nearly 23,000 jobs, NAFSA and JB International found. Those figures are based on a 17% decline in international student enrollment.
Much of that decline was among graduate and non-degree students, according to the data. A slight increase in undergraduate enrollment this fall bolstered the overall numbers. There are still more than 1 million international students in the U.S.
It’s been a tense time for international students at colleges in the U.S. In the spring, President Donald Trump’s visa revocation and sudden reversal left many reeling, as our Jessica Priest reported in Texas. Trump has also limited visa interviews, told some universities to cap their international student enrollment, imposed travel restrictions on visitors from 19 countries, and made H1-B visas — which allow educated foreign citizens to work in “specialty occupations” — more expensive.
The U.S. must adopt policies to attract and retain international students and realize that job opportunities for them after graduation “are essential to our standing as the top destination for global talent,” said Fanta Aw, NAFSA executive director and CEO.
“Otherwise, international students will increasingly choose to go elsewhere—to the detriment of our economy, excellence in research and innovation, and global competitiveness and engagement,” Aw said in a release earlier this week.
Our reporters have been detailing the declines in international students on the campuses they cover — including DePaul University in Illinois and IU Indianapolis.
[Read more: Case Western Reserve, University of Cincinnati downplay international college student data online]
A separate report on international students released this week by the Institute of International Education found that their numbers were decreasing even before Trump took office: International student enrollment dropped by 7% in the 2024 school year, according to the report.
These declines matter — not just for college’s bottom lines, but for the broader economy. International students contributed $42.9 billion to the U.S. economy and supported more than 355,000 jobs last year, according to NAFSA.
The pre-Trump slump “suggests colleges face other headwinds, such as a slowing global economy, growing competition from nontraditional education hubs, and lingering unease because of the China Initiative,” in addition to current political turmoil, Karin Fischer, the Chronicle of Higher Education’s international education reporter, wrote in her newsletter this week.
India remains the country that sends the most students to the U.S. Marcello Fantoni, Kent State’s vice president of global education, travelled there last spring to talk with prospective students, our Amy Morona reported at Signal Ohio. He told them Kent State is still welcoming — one of the few things he can control amid the broader federal policy changes.
Still, he said Trump’s actions influenced how the students he spoke with viewed America.
“There is damage done there, and it will take a long time to be fixed,” he told Amy. “A long time.”
From Fort Worth: McKinnon Rice at our partner Fort Worth Report visited students who received paid, two-year auto technician internships through a partnership between Autobahn Fort Worth and Tarrant County College.
It’s a growing field in the area and offers opportunities to make good money without much college: “A technician hired after an internship starts out earning $24 to $30 per hour, based on their performance, and the wage grows as skills do — highly skilled technicians can make as much as $250,000 to $300,000 per year,” McKinnon wrote.
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In the last decade, the U.S. electric power sector turned away from coal to embrace wind turbines and solar panels, two energy generating sources that require little water for operations and cooling.
Together with the installation of more water-efficient natural gas-fired power plants, the energy shift has been a net benefit for the country’s water resources – a “reduction in the relative risk that our power sector is facing due to water temperatures and water scarcity,” as Jordan Macknick of the National Renewable Energy Laboratory put it.
New considerations are now in the mix. Due to political changes and rising electricity demand to power the AI frenzy, the durability and continuation of that risk-reduction path is less certain for the electric power sector than it was a few years ago.
Energy-hungry data centers are being proposed and constructed at breakneck speed, kickstarting growth in U.S. electricity demand for the first time in nearly two decades.
Today, data centers account for 4 percent of the nation’s electricity use. By 2028, according to Lawrence Berkeley National Laboratory, data center demand could soar, to between 6.7 and 12 percent of all the electrons consumed nationally.
At the same time, the difficulty in building new transmission lines and the Trump administration’s open hostility to wind and solar – going so far as to cancel the Revolution Wind project off the Massachusetts and Rhode Island coast that was 80 percent complete – is casting a pall over electricity-generating sources that consume little water yet are still seeing vigorous growth in the face of gathering political headwinds.
Data center energy demand, said Dan Reicher, a former assistant secretary of energy in the Clinton administration, is at a junction, one that points not only at the computing industry’s carbon intensity but also its energy-related water use.
Will water-intensive thermal generation like coal and nuclear be revived? The Trump administration ordered the J.H. Campbell coal plant in Michigan, slated for closure, to remain open. Will hydropower and geothermal – two renewable energy sources the Trump administration favors – see their fortunes rise? Will the data center buildout proceed as rapidly as some forecasts suggest?
These changes have the potential to rewrite the twinned narratives of energy and water.
“I think we’re at a very important inflection point right now with the composition of our electricity grid,” Macknick said. “If we do see a resurrection of coal plants or a push for more thermal technologies that utilize recirculating or once-through cooling technologies, we could see a reversal in that trend of water usage and see increases in the water intensity of our electricity sector, which could in turn potentially lead to more risks for our reliable electricity supply.”
Electric Growth
From Arizona and Georgia to New Jersey and Minnesota, data centers have been the target of public pushback due to the water used directly in their operations to cool racks of data-crunching, heat-producing servers. Supplying cooling water to these facilities has taxed water supply infrastructure and strained local water sources. Berkeley Lab estimated direct water consumption for data centers to be 66 billion liters nationally in 2023.
A second form of data center water use has received less attention – the water consumed to generate the electricity that powers these facilities. In aggregate, this indirect use is a much higher number – some 800 billion liters, according to Berkeley Lab.
For data centers, water and energy are two sides of a coin. As servers undertake more intensive computing processes to power generative AI, they produce more heat. In a circular system, that waste heat could be repurposed. But most data centers operating in the U.S. today do not reuse their heat. They instead dissipate it through cooling systems. This is where operators encounter trade-offs between water and energy.
The most energy-efficient means of evacuating waste heat from the server racks is through water. Where water is constrained, data centers can use recirculating systems or huge fans to cool their equipment. Conditioning the air, however, gobbles electricity. Along with the energy that powers the servers, how that energy for cooling is produced determines a data center’s indirect water footprint.
The U.S. electricity mix is not what it was a decade ago. During that transitional period, power generated by burning coal has dropped by more than half, now accounting for only 15 percent of the nation’s electricity. Coal, which needs water for cooling, has been supplanted by natural gas and renewables, particularly solar and wind.
Forecasts for data center energy growth vary, but the direction is the same: up and up. Western Resources Advocates, a research and advocacy group, says that the largest electric utilities in five Colorado River basin states are collectively forecasting annual demand growth of 4.5 percent through 2035.
Efficiency improvements have helped to lighten the load. The Big Tech hyperscalers – Google, Microsoft, Meta, Amazon – that operate the largest data centers tout their efforts to wring more performance out of less power. Google claims better processors allow the company to generate six times more computing power per unit of electricity compared to five years ago.
“Data centers are more efficient and getting more efficient by the day,” said Reicher, who was the director of climate and energy at Google from 2007 to 2011.
Despite the efficiency gains, the data center expansion, in aggregate, is so massive that total energy demands continue to climb. Berkeley Lab noted that data center electricity demand more than doubled between 2017 and 2023.
How to accommodate this buildout without stressing water supplies is a matter of serious inquiry. Macknick and his colleagues at the National Renewable Energy Laboratory are working to identify the best locations for data centers taking into account land, proximity to end users, and energy and water availability.
Reicher said the energy mix in the U.S. is changing because of new priorities in the Trump White House and the Republican-led Congress. How the political turn affects the energy market is an open question, Reicher said. But the administration’s actions – canceling offshore wind, limiting access to equipment, cutting federal funding, and imposing tariffs – are substantial barriers.
“There’s a whole circle of issues that are cutting into the deployment of solar and wind, not just the generating facilities themselves, but adjunct storage capacity, adjunct transmission capacity,” Reicher said. “So we’re really messing things up in a pretty serious way when it comes to this and therefore with all those implications upstream or downstream for water use.”
Macknick mentioned three strategies that data center operators are considering. One is rebooting shuttered fossil fuel and nuclear power stations. Microsoft signed a deal with Constellation Energy in 2024 to reopen Unit 1 at Three Mile Island nuclear plant, in Pennsylvania. Another is to build new natural gas plants. A third is to sign power purchase agreements for renewables. Last year Google signed contracts for 8,000 megawatts of clean energy.
“It’s hard to really parse out what are the trends that will in time be successful,” Macknick said. “I think right now all those options are simultaneously being considered and people are wanting to see what will work, what will be possible, given the large amount of uncertainty that all energy companies are currently facing right now.”
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This article was produced in collaboration with High Country News. It may not be reproduced without express permission from FERN. If you are interested in republishing or reposting this article, please contact info@thefern.org.
Many communities have foods that define them: Los Angeles has tacos, Green River, Utah, has melons, while New Mexico’s Hatch Valley is famous for its green chiles. Historic power dynamics — from colonization to migration — have always influenced how and why people began growing, cooking and consuming these symbolic dishes and crops. Today, these foods and those who prepare, raise and sell them carry cultural power; people travel hundreds of miles to buy a juicy Crenshaw or sweet canary melon from a family-run stand in Green River. And yet the farmers themselves often struggle to stay afloat. They lose access to markets as large companies buy up smaller, locally run grocery stores.
Most grocery stores across the West trace back to a few major corporations. Whether you’re visiting King Soopers in Colorado, Smith’s in Utah or Fred Meyer in Oregon, you’ll find the same Kroger-brand products. The original names of the once-locally owned grocers might remain, but the shops are now just part of one of the nation’s largest grocery corporations.
A handful of companies control the production and distribution of most of our food, and the West plays a leading role in that system. The U.S. headquarters for the world’s largest meatpacker, JBS S.A., is in Greeley, Colorado, while Driscoll’s, the largest berry producer, is headquartered in Watsonville, California. These companies rarely confront the riskiest parts of agribusiness, raising the cows and growing the berries. Instead, they produce, brand and ship them.
This global food system has profound impacts on the West’s farmers, workers and consumers. It’s getting harder for family farms to turn a profit, and those who seek alternatives to the consolidated corporate market must navigate complicated policies and finances in order to sell directly to consumers. Berry-pickers and meatpacking workers — often immigrants — face exploitation and unsafe conditions, with workplace protections varying from state to state.
Meanwhile, food insecurity has increased across the West, and yet Republican-led states, including Utah and Idaho, opted out of a federal summer grocery program for kids last year, in part because of anti-welfare politics.
Beyond its connection to this international system, the West has deeply rooted myths and policies around water and land that create and sustain other layers of power. In the 1800s, settlers stole land from Native people and killed off bison as they drove tens of thousands of cattle westward. Ever since, the cowboy and his glorified cattle have held cultural power that politicians are rarely willing to tarnish.
As “The Big Four” meatpackers have consolidated most of the beef industry, the economic power of ranchers has dwindled. Only 2% of U.S. beef comes from cows that graze on public lands, and yet multigenerational ranching families and large landowners continue to influence and benefit from antiquated federal grazing policies.
Most land in the Eastern U.S. is privately owned, but the federal government owns nearly half of all land in the West. Ranchers graze cows on huge swaths of public lands, paying fees well below the actual cost of managing those lands. Over the past century, grazing policies have changed little even as cows destroyed native vegetation and degraded waterways. State and federal policies often put the health of livestock above that of the region’s arid soils or the lives of large carnivores like wolves and bears.
Ranchers and Big Beef also intersect and overlap with those who control water in the West. Agriculture consumes nearly 80% of the water diverted from the drought-stricken Colorado River Basin, primarily to grow alfalfa and other cattle-feed crops. An investigation by ProPublica and The Desert Sun found that most of the water consumed in California’s Imperial Valley goes to just 20 farming families, with one of them using more than the entire metropolitan area of Las Vegas. Only four of those families use the majority of their water rights to grow foods people consume, like broccoli or onions. The rest use their water to grow hay for livestock.
Many of these families have senior water rights, and that increasingly means power in the arid and rapidly growing West. Together with livestock associations, irrigation districts and their political allies, they have sought to influence food and water policy.
Yet in some parts of the West, other interests are gaining power. In the Northwest, years of advocacy from tribes and environmental groups led federal agencies to decommission dams on rivers like the Elwha and Klamath. The farmers might worry about their ability to continue irrigating, but tribes are reclaiming their traditional foodways as salmon return.
And the Northwest’s rivers aren’t the only places where tribes are reasserting their culture and food sovereignty: Indigenous-run restaurants, farms and cooking classes are springing up across the West.
Farmers markets, mutual aid efforts and community gardens are creating new forms of cultural, social and economic power, often led by and benefiting those who are excluded and marginalized, including queer, immigrant and Black farmers. Their efforts encourage people to take back intrinsic food traditions while they act in resistance to the global, capitalist food system.
Still, the corporate structures of our food system are so deeply entrenched that they can be hard to fully comprehend or even notice. In this region, food is power, and that power is not equally shared. Before that can change, however, we need to understand the complexities of this system, tracing its roots to the growth of retail giants and the consolidation of Western agricultural production.
A handful of powerful corporations dominate the U.S. grocery market. Over the last few decades, these firms have consolidated their control, leaving a shrinking share of the market for local, independent grocers. Grocery giants and their supporters claim that economies of scale enable them to offer lower prices to consumers. But critics say that these conglomerates’ size gives them too much power, not only over their consumers, but also over suppliers and workers.
Confronted by Walmart’s growing power, traditional grocers like Albertsons and Kroger responded with a spate of mergers and acquisitions starting in the early 1990s. Albertsons now owns over 1,300 stores in the West, though few of the shoppers patronizing Safeway and Haggen may realize that those stores are owned by the same firm. In December of 2024, the Federal Trade Commission blocked a proposed merger between Albertsons and Kroger after a number of Western states sued, arguing that it would further limit competition and raise prices for consumers.
The rise in the popularity of farmers markets since the mid-1990s has been a positive counterpoint to the relentless march of corporate consolidation. Nationally, the number of farmers markets more than quadrupled from 1994 to 2019.
The small family farm holds a special place in the American imagination. Today, however, a modest and diminishing portion of our nation’s food is grown on smallholder farms. Production is shifting to larger-scale factory farms in every Western state and across nearly every commodity.
The trend towards consolidation in the food system has made it increasingly difficult for smaller farmers to compete and stay in business.
The meatpacking industry is concentrated to an extraordinary degree, with an estimated 81% of U.S. cattle and 65% of hogs processed by “The Big Four” meatpacking corporations as of 2021. Critics say this market stranglehold gives The Big Four too much control over both ranchers and consumers.
The above hourglass power dynamic is not unique to meatpacking; it’s also conspicuous in the seeds, agricultural chemicals and food retail markets. The concentration of power in these industries allows a handful of companies to dictate prices and production methods, trapping Western consumers in a food system that prioritizes corporate profits over sustainability, diversity and equity.
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Like many government agencies, the Department of Agriculture has a fraught history with discrimination and disenfranchisement. Farmers of color and young and beginning producers have long struggled to access capital, in the form of loans and grants, from the agency.
So in 2022, former President Joe Biden’s USDA created the Regional Food Business Centers program using funding from the American Rescue Plan. The program established 12 virtual centers to function as business development resource hubs within rural communities nationwide. The centers were intended as a way to provide technical assistance, navigate federal and state resources, and administer grants to small- and mid-sized farmers and ranchers who wanted to develop food businesses or access new markets. The overall goal was to build a more resilient food system.
A total of roughly $400 million was earmarked to support the 12 centers, each run by a coalition of organizations and partners based in each region, which the USDA agreed to fund for five years. In 2024, many began distributing sub-awards from that pool of funds in the form of “business builder” grants.
In early January, Ed Harvey, a Navajo farmer in rural northern Arizona, was awarded a technical assistance contract dedicated to assisting Indigenous producers from the Southwest Regional Food Business Center, which was created to strengthen local supply chains throughout Arizona, California, Nevada, and Utah. Not only does he grow apples, peaches, pears, plums, nectarines, cherries, and sumac berries, but Harvey runs a consulting business geared toward helping other Navajo tribal members through all of the paperwork needed in order to begin or continue farming on their land.
Much of the farmland throughout Navajo Nation is left idle, buried in layers of dirt, wind deposits, and towering weeds, with slivers of corn, squash, and melons here and there. Harvey attributes the situation to the federal mandate that tribal members need a permit with a conservation plan in order to use their land for agricultural production. It’s an exceedingly onerous application process, and the reimbursable RFBC funding was intended to cover the costs associated with the development of conservation plans for other tribal members. When he heard he was selected for the program, Harvey was elated, and immediately began advertising the opportunity to work with him free of charge: He reached out to community farm boards, promoted it across all of the reservation’s chapter houses, and even posted flyers in local businesses.
That sense of joy morphed into one of sinking despair when, the following month, President Donald Trump’s administration abruptly froze the program’s funding, and a tsunami of layoffs at USDA and the Bureau of Indian Affairs saw thousands of federal workers leave their positions. The month of February, Harvey said, was the “worst of my life.”
“It hurt me. It hurt the business,” he said. “I did a lot of conservation plans for free, not getting paid for it, because I expressed to people that it’s paid for, so I didn’t want to let it ruin my reputation.” While the fate of the centers remained in purgatory, Harvey scrambled to remedy the damage done, completing 36 conservation projects at no charge, the equivalent of hundreds of unpaid hours and thousands of dollars worth of labor — a huge net loss.
Finally, on July 15, the USDA announced it was shuttering the program, a decision that was met with considerable opposition across food and farming sectors. And just like that, Harvey’s big plans for his community went up in smoke.
“This was a program fully dedicated to support rural people. So I was thinking, ‘Heck, yeah, I can support my relatives who live in the middle of nowhere. I can find a way to help my uncle, to help with what he needs by planting corn,’” said Harvey. “Out here in Navajo Nation, you have to take in the fact that there’s very limited opportunities for people to make money. The tribe here, we live on government assistance…people don’t have that dedicated time to give back to the land, to give back to who they are. It takes funding mechanisms or opportunities to find [it].”
In the press release announcing the end of the RFBCs, Secretary of Agriculture Brooke Rollins criticized the Biden administration for creating the RFBCs “without any long-term way to finance them,” which the release described as a “COVID-era program.” The release also specified that “over 450” grants so far awarded would be honored — which meant that roughly four of the centers that hadn’t yet officially awarded their grant selections had 60 days to cease operations, and the other eight overseeing those awards would end next May. But even those centers still operating through next spring won’t be running at full capacity, as the cancellation limits the scope of what each center can do to no more than merely monitoring awards and technical assistance for existing grants. Rollins also stated that “any remaining funds will be repurposed to better support American agriculture.” As of this story’s publication, the details of that repurposing are not yet known.
Roughly a week after the USDA announced the end of the RFBCs, Rollins released a memo that again took the agricultural world by storm. The five-page document revealing Rollins’ plan to significantly reorganize the agency was accompanied by an unlisted YouTube video intended for employees, which also broadly detailed the four pillars powering the decision: ensuring the size of the agency’s workforce aligns with available resources and priorities, bringing USDA closer to those it serves by relocating resources, getting rid of bureaucracy, and paring down redundant support functions.
According to current and former USDA staffers, the closure of the country’s regional food business centers and the agency’s reorganization rollout should not be considered as separate developments, but rather as successive decisions with intertwining impacts. Both moves are expected to have lasting effects on historically underserved rural communities in particular, where farmers and families are already facing the day-to-day impacts of a shrinking federal workforce in local offices. That’s to say nothing of the growing role of climate change in throttling agricultural production and amplifying economic stressors such as increased price volatility, trade war disruptions, and surging labor and production costs.
“To me, there is a real friction here between those in the administration that simply want to diminish, destroy, and decimate the federal workforce and any sort of policy goal that is aimed at improving the lives of Americans and reducing costs for those who live in rural communities,” said Michael Amato, former USDA communications director. So far in his second term, Trump’s USDA has gotten rid of more than 15,000 federal employees, nearly a fifth of its workforce, straining bureau capacity, even as the agency has culled billions of dollars in funding streams that, in the process, has buckled local and regional food systems. At least ten percent of the federal employees who have left the USDA this year worked for Rural Development, the nation’s lead agency that fights rural poverty.
“If there was some policy objective, then it’s lost on me, because I don’t see how simply just cutting funds to try to run up your DOGE score as high as possible, and calling for deferred resignations across the entire department with no strategic plan about where you see waste or where you see bureaucratic bloat,” Amato continued. “It just seems like a meat axe approach with the goal of shrinking the department.”
Rollins did not specify a timeline for the plan, nor did she share many details of how it will be carried out, but noted that the agency will move more than half of the roughly 4,600 D.C. area employees out of the capital area. According to Rollins, the five hubs, located in Raleigh, North Carolina, Kansas City, Missouri, Indianapolis, Indiana, Fort Collins, Colorado, and Salt Lake City, Utah, would bring the USDA closer to its “core constituents.” The USDA did not respond to Grist’s request for comment.
Multiple current USDA employees told Grist that not even they have been briefed on the details of the reorganization. “We haven’t been given any more information than is publicly available,” said one USDA employee who is based in D.C. and asked to remain anonymous out of fear of retaliation. “It’s been unsettling. Morale is low. It has not been a great work environment, just because everyone feels insecure right now.”
“The relocation is actually going to be moving many of our regional office partners farther from the states that they cover,” the staffer continued. “The logic is just not there. It doesn’t make sense. And the claim that they’re moving up closer to the people we serve, is just patently false.” The USDA staffer added that the mass layoffs experienced have already resulted in overworked employees and significant delays in processing financial assistance applications. “There are things falling through the cracks,” they said.
On Thursday, August 21, a letter addressed to Rollins and signed by 32 USDA unions, and shared with Grist, also expressed widespread concerns about the reorganization. It noted that over 90 percent of USDA employees already live and work outside of the D.C. area and urged the department to “slow down, engage with Congress and the labor unions in good faith, and fully assess the true impacts of this reorganization before proceeding further.”
“We are just trying to call attention to how poorly planned the USDA reorganization is, that they seem to be hiding whatever details that they have,” said Ethan Roberts, a physical science technician at the USDA’s Agricultural Research Service based in Peoria, Illinois, who represents the bargaining unit employees at the National Center for Agricultural Utilization Research as union president. “There’s something going on. When I talk to the management in this building, they don’t know anything. They’ve not been told anything.
“Why this is incredibly harmful is because the USDA is already struggling administratively,” Roberts continued. “Here in my laboratory, the management and the admin are taking on two to three jobs just to keep up to try and make everything continue to function. If we lose even more people in D.C., at the highest levels of the human resources department, and our budgeting and our billing, it’s going to be catastrophic. There’s going to be a critical administrative failure.”
The lack of clarity has prompted plenty of congressional backlash, too. When news of the reorganization broke, a Senate hearing was swiftly assembled where a bipartisan contingency of Democrats and Republicans grilled Deputy Secretary of Agriculture Stephen Vaden about the unusually secretive nature of the rollout of the reorganization. Senate Agriculture, Nutrition, and Forestry ranking member Amy Klobuchar, a Democrat from Minnesota, said at the hearing that the committee first heard of the plan just minutes before it was announced.
“It is clear from the hearing that this is a half-baked reorganization plan developed without input from Congress or stakeholders that will almost certainly result in worse services for farmers, families, and rural communities,” Senator Klobuchar later told Grist. She noted that the reorganization “follows the cancellations or delays of funds for voluntary conservation programs that protect our environment and improve farmers’ bottom lines.”
Klobuchar and some of her colleagues on the Senate Agriculture Committee sent a letter to Vaden on Monday requesting more time to comment on the plan and increased transparency with the results of the agency’s ongoing public comment period. The letter followed at least two others that have been issued in the last month by groups of lawmakers demanding more information. Nearly all have referred to the first Trump administration’s relocation of the USDA’s Economic Research Service and National Institute of Food and Agriculture, which resulted in the resignation of three quarters of employees, and declining workforce productivity.
Kevin Shea, a 45-year veteran of USDA who led the agency’s Animal and Plant Health Inspection Service for 11 of those years, and briefly served as Secretary of Agriculture during the Biden administration, points to the USDA’s claim that the reorganization plan will bring staffers closer to constituents as one example of the contradictions at play. “This whole ruse about being closer to farmers — what nonsense. They’re still going to be in cities hundreds of miles from farmers,” said Shea.
What’s more, the RFBC program wasn’t solely addressing an immediate food system crisis that became clear because of the pandemic, he said, but “it was addressing a problem that had been revealed. The problem was always there.” A USDA report released last October found that the RFBCs led to more than 2,800 individuals receiving technical assistance, 1,500 new partnerships formed by recipients, and 287 businesses reporting increased revenue as a result of the program. Other critics of the Trump administration’s decision to cancel it have argued the program was established to meet a $4 billion congressional mandate in the American Rescue Plan to build more resilient food systems.
Another current USDA employee based in D.C., who also asked to remain anonymous, told Grist that the double blow of the closure of the regional food business centers and the proposed relocations “is going to result in massive harm to rural America which, again, is a population that they purport to care about.” “There’s no particular rhyme or reason that we can tell,” the staffer said, while pointing out where the new hubs aren’t. “California is the biggest agriculture state in the country, and there’s not a hub there. Doesn’t make any sense.”
“For farmers and people that rely on the USDA for information, for money, it’s going to be poorer quality service and less of it because there’s just going to be less people working,” said Roberts, the USDA union president. “If we experience an even greater loss of the administrative staff that keeps the USDA running, by telling them that they need to pick up their entire lives and move to somewhere across the country, the USDA is going to grind to a halt.”
This story was originally published by Grist with the headline As the Trump administration shrinks the USDA, rural farming communities are left to pay the price on Aug 27, 2025.
