Organizaciones como RAZE se enfocan en amplificar las necesidades de esos sectores del Estados que pocas veces son escuchados en los procesos electorales, pero que siguen siendo cruciales para los candidatos.

Texto: Carlos Torres Bujanda

Fotos: Daniel Robles

Brianda Benítez vive con zozobra cada ocasión que su madre tiene que hacerse sus chequeos médicos. Ella vive en Casa Grande, Arizona, una comunidad ubicada a unas 50 millas al sur de Phoenix, en donde escasean los recursos para la comunidad.

“Nuestra área donde vivimos es más pequeña que en lugares como Phoenix o Tucson, ahí se siente más que la aseguranza no es accesible para todos. Por ejemplo yo tengo a mi mamá que ahorita no está trabajando, toda su vida se esforzó pero ahora resulta que no califica para recibir asistencia médica de ninguna clase, y aparte tenemos que salir a que se atienda a otras ciudades porque en Casa Grande no hay especialistas”, relató Benítez, mientras su voz se quebraba y sus ojos se llenaban de lágrimas.

Lo que Benitez relata no es un hecho aislado; a pesar del crecimiento que ha tenido Casa Grande en los últimos 10 años, aún hay muchos sectores que aún no satisfacen las necesidades básicas de la población como los servicios de salud, vivienda, trabajos y otros. Esto es lo que impulsó la creación de la organización Rural Arizona Engagement (RAZE, por sus siglas en inglés), cuya misión es amplificar y empoderar esos lugares menos atendidos del estado.

Además RAZE se encarga de promover el voto entre las minorías en un territorio hostil hacia los inmigrantes, hacer que su voz se escuche a la hora de exigir sus derechos, lograr que se sientan representados ante las autoridades, contar no solamente con servicios básicos, como vivienda accesible, atención médica de calidad, escuelas en buenas condiciones, seguridad pública, entre otros. 

Pablo Correa es el director ejecutivo de RAZE, y -en la sede ubicada en la ciudad de Coolidge, en el Condado Pinal- platicó acerca de la tarea de esta organización en su tarea de involucrar cívicamente a las minorías en las comunidades rurales del estado, además de ayudarlas a que su voz sea escuchada y que se sientan representadas ante las autoridades.

“Yo era una persona de clase trabajadora que criaba a una familia de clase media y quería representar a mi comunidad de una manera más amplia y entonces decidí involucrarme más cívicamente, ya que veía cómo personas como los latinos, nativos americanos y afroamericanos no tenían representación y sus comunidades lucían abandonadas”, comentó Correa sobre las razones para iniciar esta organización.

El director ejecutivo de RAZE recordó que la apatía y el temor de las personas a querer participar fueron algunas de las dificultades que encontraron en los inicios de la organización fundada en Casa Grande, Arizona, en mayo de 2018.  

RAZE tiene oficinas en los condados de Pinal, Pima, Yuma, Mojave, Coconino y Cochise, en las que se desarrollan programas de participación cívica no partidista como Sal a Votar, registro de votantes y liderazgo juvenil.

Uno de los objetivos de RAZE es identificar los problemas que existen en las comunidades rurales donde están sus oficinas, que pueden diferir aunque sean, en apariencia, zonas parecidas. 

“Por ejemplo, en el área rural del Condado Pinal está la problemática de la falta de vivienda accesible; en Yuma hemos identificado la necesidad del mejoramiento de la infraestructura en cuanto a servicios básico como agua potable, suministro de energía eléctrica, acceso a escuelas en buenas condiciones, atención médica de calidad y esto se expande a comunidades como San Luis y Somerton; mientras que en Cochise está la falta de agua potable”, agregó Correa.  

El director ejecutivo de RAZE añadió que se trata de plantearse preguntas como “¿Qué están buscando? ¿Qué podemos ayudar a construir o a cambiar en su comunidad que haría la vida mejor?”.

Respecto a cómo motivar a los jóvenes o las personas en general a formar parte de RAZE, Correa recordó que todos tienen un propósito en común y que esas son las cosas que los unen para poder mantener o encontrar a los voluntarios del programa.

“Hay que saber lo que realmente motiva a la gente, y esto ocurre en distintas regiones, todas son cosas diferentes. Es que les preguntamos qué les importa, qué dirección quieren tomar con sus vidas y qué dirección quieren tomar sus comunidades, y todos vamos en una dirección similar”, agregó.

Otro de los fenómenos que han encontrado es la polarización política, que considera que se la encrudecido desde la aparición en el escenario político de Donald Trump, expresidente entre 2016 y 2021, y en la actualidad nuevamente candidato republicano a la Casa Blanca. Correa admitió que ello ha afectado la manera en que los voluntarios realizan su trabajo. “La polarización realmente afecta el trabajo que hacemos aquí, y hacemos un trabajo no partidista. Simplemente sentimos que estar involucrados, tener acceso a las urnas, votar, ya sabes, asegurarnos de que podemos registrarnos y que nuestras inscripciones serán contadas, y que nuestros votos serán contados son todos temas no partidistas”, manifestó.

Sobre el tipo de trabajo que realiza RAZE en la comunidad en la actualidad, Correa aseguró que es ante todo “empoderar a las comunidades y conseguir votos así como empoderarse para que tomen decisiones en estos espacios también”.

Pero, ¿qué caracteriza a una comunidad como rural, para que RAZE realice su trabajo?

“La forma en que determinamos qué es una comunidad rural es muy interesante. Hay definiciones federales cuando se trata del Censo sobre la densidad de población, y ese es definitivamente el punto de partida. Lo que nos ayuda a determinar esto es si están recibiendo los recursos necesarios para generar cambios en su comunidad y, ya sabes, generar cambios en el estado”, dijo. 

De acuerdo a la definición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), una comunidad rural se define como “la que tiene menos de 5,000 residentes y 2,000 unidades de vivienda”.  

Por último, Correa dejó un mensaje a la comunidad respecto a RAZE: “Nuestra organización está para ser un recurso y un faro. Entonces, si en tus valores está preocuparte por la comunidad, por tu familia, por cumplir con nuestro deber cívico, entonces RAZE es un hogar para ti”.

“Y si tus valores son el empoderamiento de las comunidades rurales, de las personas de color, de aquellos que han sido privados de sus derechos a lo largo de la historia de este país y del estado, RAZE también es un lugar para ti. Por eso, nos encantaría que interactuaran con nosotros. Estamos en todas las redes sociales en @ruralazengage”.

Los colaboradores de RAZE, su columna vertebral

Pero el trabajo no lo realiza Correa solo: detrás de él tiene un grupo de coordinadores y voluntarios entusiasmados y convencidos de que es posible lograr un cambio en las zonas rurales. Una de esas personas es Esmeralda “Esme” Barajas, quien es directora regional de campañas del sur de Arizona para RAZE.  

Barajas se ha enfrentado a la negativa de las personas a registrarse para votar o actualizar sus datos, o bien el desconocimiento de lo que se debe de hacer para emitir su sufragio. “Lo que he visto más es que mucha gente no sabe cómo votar, o cómo comenzar, o cómo hacer su proceso de registro. Además mucha gente no vota porque piensa que no es importante y también está la idea de que su voto no cuenta”, dijo.

Barajas recordó que cuando se encuentra ante esas situaciones trata hacer entender que en verdad su voto puede hacer la diferencia, no solo a nivel federal o estatal, sino también para cuestiones tan cercanas como asuntos de juntas escolares, la recolección de basura, servicios básicos, entre otras.

“Lo que trato de explicarles es que no solamente es lo federal, sino también aquí en la comunidad  porque muchas veces son cuestiones respecto a cómo van a trabajar las escuelas, muchas cosas como los trabajos, cosas que están en la comunidad, como los concilios municipales”, agregó.

Andrea Varela es la directora de organizadores en RAZE. Ella se encarga de que sus organizadores y voluntarios estén presentes en la comunidad, para asuntos como “llamadas, tocar puertas, hacer textos y también tener eventos para escuchar cuáles son los problemas y los asuntos que quieren arreglar en las comunidades que nosotros servimos”, dijo.

Varela añadió que uno de los retos es encontrar a las personas que estén dispuestas a participar con RAZE, sobre todo en comunidades rurales.

“Es muy difícil encontrar voluntarios, especialmente en comunidades que han sido marginalizadas y que su voz no ha sido tomada en cuenta. Trabajamos en esas comunidades porque queremos que sepan que sus voces cuentan y que queremos luchar por los asuntos y las cosas en la comunidad que quieran cambiar o que enfrentan en su vida diaria”, añadió.

Otra de las razones que Varela mencionó para que las personas no deseen involucrarse es que ya tienen las responsabilidades de tener que ir a trabajar y muchas de ellas tienen dos empleos.

Actualmente en el equipo de RAZE hay unas 100 personas, algunas como organizadoras y otras como voluntarias en los seis condados donde están presentes, pero no son suficientes.

“¿Que si son suficientes? Pues ahorita no. Queremos trabajar en áreas que son difíciles de organizar, porque ahí se necesita más apoyo y representación. Y que se reflejen en representantes como legisladores, miembros del concilio municipal o del condado, de juntas escolares, mesas directivas de organizaciones civiles y así”, indicó. 

Las minorías no se sienten representadas en las comunidades rurales

El color de piel u origen afecta a las personas en áreas rurales a la hora de sentirse representadas para hacer sentir su voz y expresar sus necesidades, aseguró la directora de organizadores de RAZE.

Varela comentó que esta diferencia sí es “sensible” y cómo distintos asuntos tocan a la comunidad.

“Son diferentes los asuntos entre los afroamericanos, las comunidades indígenas y las comunidades hispanas. Y sienten que no son representados, no son representados en el gobierno, no son representados en la comunidad, no se ve personas que son líderes, que se vean como ellos, y eso no crea fe entre la comunidad. Mientras que los miembros de comunidades anglosajonas no tienen tanto miedo de ser involucrarse, ser voluntarios, registrar a votantes, asistir a esos foros. Y nosotros entendemos que, en comunidades de color, sienten más que no tienen voz”, agregó.

Pero también Varela comentó que han visto cómo, poco a poco, la comunidad se ha involucrado en los foros informativos, con personas de distintas edades. 

“Hemos visto, en los últimos tres o cuatro meses, que la participación en nuestras comunidades ha crecido mucho. Recuerdo que, hace un año, ninguna persona quería salir (de su casa) para atender un foro y hace una semana tuvimos uno en el condado de Cochise y doce personas asistieron”, comparó.

No siempre son bienvenidos

Abel Álvarez es uno de los voluntarios que ha estado en la calle, en contacto directo con la población para registrar a nuevos votantes, o para que actualicen sus datos en el registro de votantes. “Lo primero que hice con RAZE fue registrar a la gente para votar. Iba a las tiendas. Nomás preguntaba a las personas: ¿ya están registradas para votar o tienen sus datos actualizados?”, recordó.

En un principio Álvarez, manifestó que se sintió algo “raro” por abordar a las personas en un tema tan personal. Logró reacciones de todo tipo. “Se me hizo muy raro que iba con la gente en su carro preguntando si ya se había registrado para votar porque es una pregunta bien personal y mucha gente se apartaba de mí o me cuestionaba por qué hacía esas preguntas, o qué me daba derecho a hacerlas”, recordó.

También aceptó que tuvo miedo cuando las personas se comportaron de manera hostil con él. “El ambiente puede ser bien hostile. A veces he tenido miedo porque mucha gente aquí en Casa Grande es hostile y dice ‘pues te voy a seguir’. Era algo bien extraño pero con la práctica se hizo más fácil”, concluyó.

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When 19th-century miners first scouted eastern Arizona, they found that the region’s alpine streams contained more golden wealth than merely ore. The White Mountains are home to the Apache trout, one of only two native salmonids within Arizona’s borders. They’re lovely fish, endowed with mustard flanks, pink and purple undertones, and constellations of black spots. Miners called them “yellow trout” or “yellowbellies.” 

Colonization wasn’t kind to the Apache trout. The newcomers caught and ate them by the bushel, and logging, overgrazing and mining degraded their mountain creeks. Worst of all were the legions of non-native trout — brook, brown and rainbow — that the state stocked for mining camps and anglers, which swiftly overwhelmed their native rivals. When the first iteration of the Endangered Species Act passed in 1967, Apache trout were protected by it, and the U.S. Fish and Wildlife Service classified the species as threatened in 1975. 

This is a familiar ecological saga in the West, where native trout are among the most imperiled groups of species. But thanks to the concerted efforts of federal and state agencies, nonprofits and the White Mountain Apache Tribe, the Apache trout gradually recovered. On Sept. 4, the Fish and Wildlife Service removed Oncorhynchus apache from the federal list of threatened and endangered species — making it the first American sportfish to achieve delisting. The fish’s recovery, Interior Secretary Deb Haaland said in a statement, “reminds us of the transformational power that collaborative conservation efforts — grounded in Indigenous Knowledge — can have on fish and wildlife.”

Yet the Apache trout’s future is far from assured. The West is rapidly getting hotter, drier and more flammable — hardly promising for a fish dependent on cold, clear flows. “I don’t see this as, ‘OK, it’s time to stop, we’re patting ourselves on the back,” said Nathan Rees, Arizona state director for Trout Unlimited.

ALTHOUGH CONSERVATION SUCCESS stories never have single authors, the White Mountain Apache Tribe deserves the lion’s share of credit for the trout’s comeback. By the 1940s, Apache trout endured in just 12 streams — all of them on the Fort Apache Indian Reservation. (At the time, Apache trout were lumped together with Arizona’s other endemic salmonid, the Gila trout; not until 1972 did biologists reclassify the Apache as a separate species.) In 1955, the tribe, which regards the trout as sacred, closed its streams to sportfishing — an act of radical foresight that predated the trout’s federal listing by more than a decade.

In the 1980s, the White Mountain Apache, aided by a panoply of agencies, began assisting Apache trout in earnest. Land managers closed forest roads, improved logging management and fenced cattle out of streams to ease pressure on the fish’s habitat. Tribal and state agency staff bred Apache trout in captivity and returned them to their former public-land domains. Slowly, the fish’s population began to tick upward. 

“The species was resilient and would just persevere.” 

“I think we’re the leaders,” said Tim Gatewood, the tribe’s longtime fisheries manager and a tribal member. “A lot of times, those guys that helped take part in management came through our office, and we kind of told them what we wanted.” 

Most crucially, fish managers curtailed the non-native fish that bedevil Apache trout. In many streams, agencies installed barriers to prevent invasive trout from penetrating Apache strongholds. With those headwaters secured, biologists set about purging the invaders, both with poison and currents of electricity. The process was hardly linear: Rock barriers failed and had to be replaced with sturdier concrete ones, and the 2011 Wallow Fire, the largest conflagration in Arizona’s history, killed thousands of Apache trout and incinerated riparian vegetation. Several times the fish was on the verge of delisting, only to narrowly fall short. 

“We’d get close, and then there’d be a setback,” said Julie Carter, aquatic wildlife branch chief for the Arizona Department of Game and Fish. “But the species was resilient and would just persevere.” 

Today, surveys indicate that the species currently inhabits less than a third of its former range, which once encompassed nearly 700 miles of stream. Still, recovery efforts have saved the fish from immediate jeopardy. According to the Fish and Wildlife Service, Arizona has 30 discrete populations of Apache trout, enough to satisfy the agency’s recovery plan. The Apache trout is now among a tiny handful of Western fish, alongside the Modoc sucker, the Oregon chub and the Borax Lake chub, ever to escape the threatened list — and the only one to which an angler might conceivably cast a line. 

IN ITS 2023 PROPOSED delisting rule for the Apache trout, Fish and Wildlife acknowledged that the Southwest suffers from “a megadrought that has large consequences for streamflows” and thus for the suitability of trout habitat. Megafires, too, remain a concern: According to the Service, some important drainages still face “a high risk of crown fire … and subsequent debris flows” that could smother trout streams.

For those reasons and more, not everyone is celebrating the trout’s delisting. In public comments submitted to Fish and Wildlife, Robin Silver, co-founder of the Center for Biological Diversity, excoriated the decision for its failure to account for “the foreseeable effects of climate change and related long-term impacts.” While the agency’s analysis suggested the fish’s prospects were fairly rosy for the next 30 years, Silver objected to the timeframe’s relative brevity. Silver also noted that some streams are still battered by overgrazing, and that non-native fish barriers aren’t foolproof. “The bottom line is that the habitat is objectively not protected,” Silver said. 

Over the next six decades, climate change’s impacts on Apache trout may be complex. According to one 2023 study, some formerly frigid headwaters could become just mild enough to support spawning trout, increasing Apache habitat. When the study’s authors incorporated the likelihood of reduced rain and snowfall into their model, however, they found that a number of Apache-bearing streams will become less hospitable by the year 2080. 

Apache trout are hardly the only Western salmonid in climate-related peril. A 2021 study found that the distribution of bull trout and cutthroat trout stands to contract, respectively, by 39% and 16% by 2080, as their streams become warmer, drier and more vulnerable to invasive species. Such projections present a conundrum for managers: How should agencies weigh a species’ current status against its dubious future? 

“The bottom line is that the habitat is objectively not protected.”

One answer is to pursue restoration projects aimed at enhancing climate resilience. This year or next, for instance, Trout Unlimited will begin to restore Thompson Meadow, a section of the Black River watershed degraded by overgrazing. According to Rees, the group intends to plant willows, fence out elk and construct more than 200 artificial beaver dams — efforts that will, in theory, cool the drainage’s overheated flows and bring back the complex shaded habitat that Apache trout require. The White Mountain Apache Tribe, the trout’s traditional keepers, has received more than $2.5 million from the Bipartisan Infrastructure Act to replace derelict road culverts on trout-bearing creeks, allowing the fish to flee to cold headwaters as downstream reaches warm.

“I know (delisting) is not the end here,” said Gatewood. “It’s just more work.”

This story is part of High Country News’ Conservation Beyond Boundaries project, which is supported by the BAND Foundation. hcn.org/cbb

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• Por FactChequeado
• Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:
• La vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial por el Partido Demócrata, y el expresidente Donald Trump, candidato presidencial del Partido Republicano, participaron en un debate presidencial organizado por ABC News el 10 de septiembre de 2024.
• Desde Factchequeado estamos realizando en directo chequeos y verificaciones de las afirmaciones de ambos candidatos para las Elecciones en Estados Unidos 2024 durante el debate presidencial.
• Es falso que la criminalidad haya aumentado bajo el mandato de Biden, que la inflación era la más alta de la historia y que el exgobernador de Virginia apoyara el infanticidio, como afirmó Trump y necesita contexto la frase de Harris sobre que Trump dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión.

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El 10 de septiembre de 2024, la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial por el Partido Demócrata, y el expresidente Donald Trump, candidato presidencial del Partido Republicano, participaron en un debate presidencial organizado por ABC News, en el National Constitution Center de Filadelfia, Pensilvania. Ambos candidatos para las Elecciones en Estados Unidos 2024 hablaron sobre temas clave de la campaña, incluyendo economía, inmigración y el derecho al aborto.

Es la primera vez que ambos candidatos debaten de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, luego de que Harris sustituyera al presidente Joe Biden en la campaña. 

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TRUMP: “La criminalidad ha aumentado y está por las nubes y tenemos una nueva forma de criminalidad llamada crimen migrante y está ocurriendo a niveles que nadie pensó que fuese posible”

FALSO 

Los datos muestran que el crimen violento en Estados Unidos viene bajando desde el año 2020, incluyendo en las ciudades que han recibido recientemente altas cantidades de inmigrantes indocumentados, como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.

Como puedes ver en la gráfica, tras un pico de crímenes violentos (asesinatos, asaltos agravados, robos y violaciones) en 2020, durante la pandemia de COVID-19, la tasa ha venido disminuyendo. En 2022, se situó en 380,7 por cada 100,000 habitantes, un nivel similar a la del año 2015, cuando fue de 373,3 por cada 100,000 habitantes.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) todavía no ha publicado los datos definitivos del año 2023 y de lo que va de 2024. Pero sí publica trimestralmente reportes preliminares. En el más reciente, publicado el 10 de junio de 2024, el FBI indicó que la tasa de crímenes violentos disminuyó en un 15.2% entre enero y marzo de 2024, comparado con el mismo período en 2023. En ese período de 2024 los homicidios bajaron en un 26.4%, las violaciones en 25.7%, los robos en 17.8%, y los asaltos agravados en 15.1%.

Las cifras del FBI coinciden con los estudios de organizaciones independientes del gobierno, como la Major Cities Chief Association (una asociación nacional de cuerpos de policías de las ciudades principales del país), el Council on Criminal Justice (organización no partidista que promueve mejoras al sistema judicial penal), y AH Datalytics (empresa privada que monitorea cifras de criminalidad y hace cuadros comparativos de cifras de homicidios). 

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HARRIS: “Trump nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión” 

NECESITA CONTEXTO 

Harris afirmó que Trump dejó “el peor desempleo desde la Gran Depresión”. Durante la administración de Trump, el empleo en Estados Unidos creció de manera constante cada mes desde su llegada al poder en enero de 2017 hasta febrero de 2020, según indicaron los verificadores de Snopes tras analizar los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

En febrero de 2017, la tasa de desempleo era del 4.6%, y alcanzó su nivel más bajo, del 3.5%, en septiembre de 2019 y nuevamente en febrero de 2020. Sin embargo, en marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 golpeó con fuerza al país. 

En los meses posteriores, millones de estadounidenses perdieron sus trabajos, lo que generó una brusca caída en el crecimiento del empleo y un aumento acelerado del desempleo. En abril de 2020, con el impacto de la pandemia, el desempleo aumentó drásticamente hasta casi el 15%. En comparación, durante la Gran Depresión, la tasa de desempleo llegó al 24.9% en 1932. Para diciembre de 2020, el desempleo había disminuido al 6.7%.

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TRUMP: “Yo no tenía inflación, virtualmente no inflación. Ellos tenían la inflación más alta, quizás en la historia de nuestro país” 

FALSO 

La inflación durante la administración de Joe Biden llegó a 9.1% en junio de 2022, según datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI), pero no es la cifra más alta registrada en EE. UU.  

En marzo de 1980, se registró una inflación anual de 14.8%; en marzo de 1947, la inflación incrementó en un 20.1% respecto a los 12 meses anteriores y, en junio de 1920 aumentó un 23.7%, también en relación con los 12 meses anteriores,  según datos del CPI de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Trump también afirmó que el gobierno actual no heredó ninguna inflación. Según las cifras del BLS, la inflación anual registrada en enero de 2021 (cuando Biden asumió la presidencia) era de 1.4%. Actualmente, la inflación se encuentra en 2.9%, según el reporte del CPI de julio de 2024.

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TRUMP: “El exgobernador de Virginia dice que la ejecución después del nacimiento está bien” 

FALSO 

Trump afirmó que el exgobernador de Virginia, Ralph Northam, dijo que la ejecución de un bebé después del nacimiento “está bien”. En realidad, es falso que Northam apoyara el infanticidio. 

Esta desinformación ya fue desmentida por Factchequeado durante el primer debate presidencial del 27 de junio de 2024 entre Trump y el presidente Biden. También por los verificadores de las agencias AP y Reuters.

Trump tergiversó unos comentarios que Northam hizo en 2019 sobre el aborto en Virginia en WTOP, una estación de radio de noticias que presta servicio al área metropolitana de Washington. En esa entrevista, Northam habló de los abortos en el tercer trimestre, que se realizan en casos “en los que puede haber deformidades graves”. “Cuando hablamos de abortos en el tercer trimestre, estos se realizan obviamente con el consentimiento de la madre y de más de un médicos. Y se realizan en casos donde puede haber deformidades graves o puede que el feto no sea viable”, afirmó. 

Acto seguido contó qué sucedería en el caso de que el feto no fuera viable: “El bebé nacería, se le mantendría cómodo, se le reanimaría si eso es lo que la madre y la familia desean. Y luego se produciría una conversación entre los médicos y la madre”. Este comentario fue rápidamente abordado por los comentaristas republicanos que, como informó Vox, tomaron sus palabras como “un respaldo al infanticidio”. 

En ese momento, un portavoz de Northam declaró a Vox que el exgobernador “de ninguna manera se estaba refiriendo a la eutanasia de bebés nacidos tras un aborto fallido”. Además, explicó que afirmó que sólo estaba tratando de describir las “circunstancias trágicas o difíciles” que a menudo implica el aborto tardío.

“Intentar extrapolar estos comentarios de otra manera es de mala fe y subraya exactamente por qué el exgobernador cree que los médicos y las mujeres, no los legisladores, deberían tomar estas decisiones médicas difíciles y profundamente personales”, dijo.

Además, sólo el 0.9% de los abortos en Estados Unidos se realizaron con más de 21 semanas de gestación en 2021 (el último año del que hay datos disponibles), según el Sistema de Vigilancia del Aborto de los CDC. Puedes consultar este y otros datos sobre los abortos para que no te engañen con desinformaciones en esta nota de Factchequeado.

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TRUMP: “[Kamala Harris] era la ‘zar de la frontera’”

FALSO

El presidente Joe Biden, en marzo de 2021, le encomendó a la vicepresidenta, Kamala Harris, la tarea de “abordar las causas de la migración” proveniente específicamente de El Salvador, Guatemala y Honduras, en el llamado triángulo del Norte, pero eso no significa que estuviera formalmente “a cargo de la frontera”.

De la seguridad fronteriza está a cargo Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, porque dentro del DHS funciona la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

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HARRIS: “Trump ha dicho que en esta elección habrá un “baño de sangre” si el resultado no es de su agrado”

NECESITA CONTEXTO

La vicepresidenta, Kamala Harris, acusó al expresidente Donald Trump de haber pronosticado un “baño de sangre” [bloodbath] si el resultado no es de su agrado. Pero esta frase necesita contexto, porque Trump, cuando dijo eso, no se refería a una derrota en las elecciones, sino a “un periodo de pérdidas” económicas en un mitin sobre la industria del automóvil, como ya contamos en Factchequeado.

La referencia al “baño de sangre”, el expresidente y candidato republicano Trump la realizó durante un mitin el pasado 17 de marzo de 2024 en Vandalia (Ohio). El comentario se produjo en medio de un discurso sobre la industria del automóvil, los vehículos eléctricos y las plantas de producción de empresas chinas en México. 

Trump dijo ante los asistentes que iba “a imponer un arancel del 100% a cada automóvil que cruce la frontera” e impedir que las empresas chinas que producen vehículos en México los vendan en Estados Unidos [29:48 min]. Acto seguido pronunció la frase que se viralizó: “Si no salgo elegido, será un bloodbath [baño de sangre o periodo de pérdidas] para todo el país, eso será lo de menos, pero no venderán esos coches” [29:56 min].

La palabra “bloodbath” tiene diferentes significados. Es un término que en inglés estadounidense se puede traducir como periodo de pérdidas o recesión. Según el diccionario Collins, su traducción más cercana podría ser la de masacre, como una “matanza indiscriminada”. Pero en inglés estadounidense se añade una nueva acepción. En un contexto informal, se puede emplear también refiriéndose a un “período de pérdidas” o de fuerte “recesión”, o una “purga” o “despidos masivos”.

Por lo tanto, en el contexto que lo dice, las palabras de Trump sobre el “baño de sangre” no se referían a muertes o insurrecciones similares a las del asalto al Capitolio si el candidato republicano perdía las elecciones del 5 de noviembre de 2024, sino que Trump estaba hablando de cómo afectaba a la industria del automóvil la importación de coches chinos desde México, a la que pretendía poner aranceles si ganaba.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.

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Por Johani Carolina Ponce (colaboración especial para Conecta Arizona).

Tim Walz, gobernador de Minnesota y candidato demócrata a la vicepresidencia, se destaca por su firme apoyo a la acción climática y su liderazgo en la transición hacia una economía de energía limpia. En contraste, el candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance, senador de Ohio y autor del libro Hillbilly Elegy, ha cambiado drásticamente sus posturas sobre el medio ambiente, pasando de escéptico del cambio climático y defensor del petróleo y gas a crítico de las políticas demócratas y entusiasta del fracking. Examinamos cómo estas transformaciones políticas podrían influir en el futuro de la política ambiental en Estados Unidos.

TIM WALZ, LIDER EN ENERGIA LIMPIA Y POLITICAS CLIMATICAS

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, es el candidato a vicepresidente del partido demócrata. Walz es un maestro que se convirtió en político. Fue elegido por primera vez para un cargo público en 2006, cuando logró que el 1.er Distrito Congresional rural de Minnesota cambiara de partido. Fue reelegido cinco veces antes de convertirse en gobernador de Minnesota en 2019.

Durante sus seis términos como congresista Walz se centró en temas agrícolas y en asuntos de veteranos, apoyado en su experiencia en la Guardia Nacional del Ejército. Sin embargo, en sus dos mandatos como gobernador ha emergido como uno de los principales promotores nacionales en la lucha contra el cambio climático.

“Cuando eres gobernador, claramente vas a abordar un conjunto más amplio de temas prioritarios. El cambio climático no es una excepción,” dijo Trent Bauserman, quien trabajó en la Casa Blanca de Obama y como asesor climático del ex Líder de la Mayoría de la Cámara de Representantes Steny Hoyer (D-Md.). “Creo que ha evolucionado a medida que su rol ha evolucionado y el problema del cambio climático ha evolucionado.”

En 2023, Walz firmó una ley histórica que exige que Minnesota obtenga toda su electricidad de fuentes eólicas, solares y otras libres de carbono para 2040. Esa ley se aprobó en medio de una sesión legislativa en la que los demócratas de Minnesota, en colaboración con el gobernador Walz, impulsaron casi 40 otras iniciativas climáticas, incluidas rebajas fiscales para vehículos eléctricos y un mayor acceso a estaciones de carga para estos vehículos.

“Con estas inversiones históricas, estamos posicionando a nuestro estado como un líder nacional en soluciones climáticas, asegurando que Minnesota siga siendo un gran lugar para vivir, trabajar y criar una familia para las generaciones futuras.”, manifestó Walz.

Economía de energía limpia

El 27 de junio de este año el gobernador Walz visitó una granja de energía eólica en Dexter, Minnesota, tras unas inundaciones catastróficas que devastaron partes del estado. Allí se llevó a cabo una firma ceremonial de la legislación que acortará y agilizará el proceso de permisos de energía. Se estima que las reformas ahorrarán entre 9 y 12 meses en el proceso de permisos y construcción de proyectos de energía renovable y transmisión. “Al firmar esta legislación, las comunidades de un extremo a otro de nuestro estado se enfrentan a meses de reconstrucción tras un evento climático extremo exacerbado por el cambio climático. Esta es una medida que ayudará a proteger nuestro medio ambiente y a poner en marcha los proyectos de energía limpia que van a ayudar a combatir el cambio climático”, aseguró el candidato demócrata a vicepresidente. “Hoy estamos eliminando burocracia para las empresas, ayudando a que más proyectos despeguen y apoyando al sector de empleos de energía limpia para facilitar la transición a una economía de energía limpia”.

Energía limpia para 2040

Minnesota debe avanzar hacia un 100 por ciento de energía limpia para 2040, conforme a un proyecto de ley que el gobernador demócrata firmó en febrero de 2023. Hizo campaña sobre este tema en dos ocasiones. Según esa ley, Minnesota hará la transición a fuentes de electricidad limpia incluso más rápido que California, que durante mucho tiempo ha sido líder en la acción climática estatal.

El historial climático más destacado desde Gore

En julio, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) otorgó a Minnesota una subvención de 200 millones de dólares para reducir las emisiones restaurando turberas, apoyando vehículos eléctricos y reduciendo el desperdicio de alimentos. La EPA, en su anuncio, agradeció a Walz “por su liderazgo y planes innovadores”.

“El gobernador Walz y su equipo fueron muy agresivos al intentar reunir una estrategia para atraer la mayor cantidad posible de fondos de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés),” dijo Jamie Long, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes del estado, abogado ambientalista demócrata y defensor del clima.

Si la fórmula Harris-Walz resulta ganadora en las elecciones, Walz tendría el historial más sólido en cuestiones climáticas de cualquier presidente o vicepresidente entrante desde Al Gore. Gore, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007 por su activismo climático, expresó en un correo electrónico que Walz “es un líder probado en el tema climático y conoce el tema a fondo”.

Seth Schuster, portavoz de la campaña Harris-Walz, destacó que uno de los logros más significativos de Walz ha sido su constante apoyo al medio ambiente a lo largo de su carrera. “El gobernador Walz, quien creció cazando y pescando, ha dedicado toda su carrera a conservar nuestras tierras públicas y proteger nuestros recursos hídricos”.

TRANSFORMACIONES AMBIENTALES EN LA CANDIDATURA DE J.D. VANCE

El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, actual senador de Ohio, es un firme defensor de la industria del petróleo y el gas. “La administración Biden está haciendo todo lo posible para subsidiar fuentes de energía alternativas y demonizar las fuentes de energía más confiables de nuestra nación”, escribió en una columna de opinión el año pasado. También expresa dudas sobre la influencia humana en el cambio climático. “Soy escéptico sobre la idea de que el cambio climático sea causado puramente por el hombre”, afirmó el Senador en el Foro de Liderazgo Americano de 2022 (2:08:35 en el video de YouTube al que se hace mención en el enlace).

El 97% de los científicos climáticos coinciden en que los seres humanos están causando el calentamiento global y el cambio climático. La mayoría de las principales organizaciones científicas del mundo han emitido declaraciones públicas que expresan esta postura, incluyendo academias científicas internacionales y estadounidenses, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, y una gran cantidad de cuerpos científicos de prestigio en todo el mundo. Aquí se proporciona una lista de estas organizaciones.

Giro radical en políticas ambientales

Vance, de 39 años, inició su “vida pública” en 2016 con el lanzamiento de su exitoso libro de memorias Hillbilly Elegy. En los últimos ocho años, ha experimentado una transformación política significativa: de un conservador que se autodenominaba “Nunca trumpista”, a convertirse en un firme seguidor y defensor del expresidente. Sin embargo, su cambio no se limitó a lo ideológico; también dio un giro radical en sus posiciones sobre políticas ambientales.

En un foro organizado por The Ohio State University en 2020 Vance reconoció que tenemos un problema climático en nuestra sociedad y que en gran medida es causado por las emisiones descontroladas de China. “La razón de este problema es que no estamos generando energía de manera mucho más limpia que hace 30 o 40 años. De hecho, la mayor mejoría en las emisiones proviene de la energía solar, que puede proporcionar una cantidad sustancial de nuestra energía, pero no puede ofrecer ni siquiera el 50% de nuestra energía, mucho menos el 100%. A medida que aumentamos nuestra dependencia del gas natural, que, aunque es una mejora respecto a formas de energía más sucias, no es exactamente lo que nos llevará a un futuro con energía limpia”.

Crítica a los demócratas

El senador Vance ha expresado opiniones contradictorias sobre el medio ambiente y las políticas actuales. “Absolutamente creo en la tradición de Teddy Roosevelt, deberíamos preocuparnos por el medio ambiente. Estoy seguro de que cada persona en esta sala estaría de acuerdo con eso”.

Al mismo tiempo Vance criticó la atención que se presta a las políticas ambientales propuestas por los demócratas, argumentando que deberían centrarse en problemas más inmediatos, como la contaminación del agua y el estado del sistema alimentario. “Pero hablemos de los contaminantes en nuestra agua, hablemos del hecho de que nuestro sistema alimentario es un desastre que nos está haciendo poco saludables y miserables, en lugar de hablar de un montón de políticas ridículas que los demócratas promueven constantemente y que lo hacen es enviar dinero a China, el país más sucio y con la economía más contaminante del mundo entero”. Vance acierta al señalar que China es el país con la economía más contaminante del mundo. El consumo de combustibles fósiles alcanzó nuevos máximos históricos en 2023, impulsado por el aumento del uso de carbón y petróleo en China, a pesar del auge global de la energía renovable.

El senador de 39 años cuestiona la eficacia de las soluciones propuestas para el cambio climático, sugiriendo que las políticas actuales son inadecuadas y tienen efectos negativos, como la pérdida de empleos y la construcción de infraestructuras que considera poco prácticas. “Si se preocupan tanto por el cambio climático (demócratas y ambientalistas) y piensan que el cambio climático es causado por las emisiones de carbono, entonces ¿por qué su solución es gritar al máximo volumen, enviar una gran cantidad de nuestros empleos a China y luego fabricar estos ridículos y feos molinos de viento en las granjas de Ohio que no producen suficiente electricidad para alimentar un teléfono móvil?”.

J.D. Vance no es el primero en malinterpretar el potencial de las fuentes de energía intermitentes como la eólica. Al igual que el expresidente Trump, quien ha afirmado que las turbinas eólicas no pueden alimentar ni siquiera una televisión, Vance ha cometido el error de pensar que la energía eólica se “apagará” en ausencia de viento. Sin embargo, las redes eléctricas están diseñadas con redundancias para evitar apagones y, además, se utilizan baterías para almacenar energía. De hecho, una turbina eólica en EE. UU. puede generar suficiente electricidad para cargar 316 teléfonos móviles dos veces al día, lo que demuestra que la afirmación de Vance es incorrecta y una turbina de 1.5 MW operando al 33% de su capacidad puede abastecer de energía a 415 hogares en los EE.UU., lo que demuestra que, a pesar de las críticas de Vance, las turbinas eólicas pueden tener un impacto significativo en la generación de energía renovable.

Por otra parte el viento representa menos del 2% de la electricidad generada en Ohio, y a pesar de que el estado es uno de los lugares de nacimiento de la energía eólica, solo tiene alrededor de 419 aerogeneradores en funcionamiento, ubicándose en el puesto 24 entre todos los estados.

¿LA IRA envía empleos a China?

Kamala’s Green New Scam means the end of American manufacturing. https://t.co/Ha9QBuCpr0

— JD Vance (@JDVance) July 30, 2024

Vance afirma que la vicepresidenta Kamala Harris envió empleos a China al emitir el voto de desempate en 2022 en el Senado para aprobar la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), una ley que incluyó 370 mil millones de dólares en fondos para el clima y la energía con el fin de combatir el cambio climático. La IRA fue diseñada para fomentar empleos de manufactura verde en los Estados Unidos, y la evidencia muestra que está funcionando. De acuerdo con un reporte de Climate Power, la IRA ha creado más de 330,000 nuevos empleos en energía limpia y ha estimulado miles de millones de dólares hacia la transición a la energía limpia, incluidos 134,385 empleos creados en comunidades de bajos ingresos en 38 estados. Además, un análisis de Bank of America arrojó que los mayores impactos de IRA comenzarán en 2024 y 2025 propiciando inversiones importantes y creando de puestos de trabajo.

Vance es un opositor de la ley IRA. “Es una tontería, no hace nada por el medio ambiente y nos empobrecerá a todos”, escribió en las redes sociales durante su campaña para el Senado en 2022.

Tim Ryan’s green new deal is little more than a handout to Chinese companies at the expense of Ohio workers. It’s dumb, does nothing for the environment, and will make us all poorer. I wish he’d stick to renaming post offices. https://t.co/H35YVdMciY

— JD Vance (@JDVance) August 12, 2022

En el primer año después de la aprobación de la IRA, según un análisis de Goldman Sachs, se anunciaron 280 proyectos de energía limpia en 44 estados, representando una inversión de 282 mil millones de dólares que crearía 175,000 empleos.

Defensor del fracking

Vance ha celebrado la tecnología de la fracturación hidráulica, comúnmente llamada fracking, por su capacidad para ayudar a extraer vastas reservas de gas en Ohio. Fracking o fracturación hidráulica es una técnica de extracción de recursos naturales, como el gas y el petróleo, que implica la inyección a alta presión de una mezcla de agua, arena y productos químicos en formaciones rocosas subterráneas. El objetivo es fracturar las rocas para liberar los recursos atrapados en ellas. Esta técnica se utiliza principalmente en formaciones de esquisto y, aunque ha permitido acceder a vastas reservas de combustibles fósiles, también ha generado preocupaciones sobre posibles impactos ambientales negativos, como la contaminación del agua y la liberación de sustancias tóxicas.

El senador escribió un ensayo de opinión diciendo que los habitantes de Ohio “son afortunados de vivir sobre la cuenca de petróleo y gas de Utica Shale”, un reservorio que contiene aproximadamente 38 billones de pies cúbicos de gas natural.

La trayectoria de J.D. Vance en temas ambientales revela una notable transformación política. Al continuar analizando las posturas de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, el caso de Vance subraya la urgencia de una discusión fundamentada sobre cómo enfrentar el cambio climático de manera efectiva y sostenible. Es esencial contar con información verificada para abordar estas cuestiones de manera informada y precisa.

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Mary Annette Pember
ICT

Former President Donald Trump’s decision to tap U.S. Sen. J.D. Vance as his running mate drew immediate concerns from Indigenous leaders over his views toward Indian Country.

Vance called Indigenous Peoples’ Day a “fake holiday” and praised Columbus just a few weeks after questioning the term “two-spirit” in separate postings in 2021 on social media. He also has fought name-changes requested by tribal leaders for historical sites.

SUPPORT INDIGENOUS JOURNALISM. CONTRIBUTE TODAY.

The social media comments were made before Vance, a native of Middletown, Ohio, was sworn in as one of Ohio’s U.S. senators in 2023.

“‘Indigenous Peoples’ Day” is a fake holiday created to sow division,” Vance wrote on Oct. 11, 2021, on the social media site now known as X. “Of course, Joe Biden is the first president to pay it any attention.”

In a subsequent posting on Oct. 11, Vance wrote, “A half a millennium ago Columbus used technology developed in Europe to sail across a giant ocean and discover a new continent. Today we celebrate that daring and ingenuity. Happy Columbus Day!”

A month earlier, he commented on a Sept. 8, 2021, post from Democratic U.S. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez of New York that makes references to “trans, two-spirit and non-binary people.”

“I’m sorry but what the hell is two-spirit?” Vance asked on the site known then as Twitter. “Would love if progressives would just stop inventing words.”

This week, after the announcement that Vance would be Trump’s vice presidential nominee, leaders at the Urban Native Collective issued a statement expressing concern over his remarks.

“These remarks undermine the inherent rights and self-determination of Indigenous Peoples and perpetuate historical inaccuracies,” according to the statement issued on Wednesday, July 17, by the collective, a nonprofit based in Cincinnati that advocates for Indigenous peoples.

‘Resilience and strength’

President Biden issued the first-ever presidential proclamation recognizing Indigenous Peoples’ Day in 2021, lending the most significant boost yet to efforts to refocus the federal holiday celebrating Christopher Columbus toward an appreciation of Native peoples.

The day is observed each year on Oct.11, along with Columbus Day, which is established by Congress.

“For generations, federal policies systematically sought to assimilate and displace Native people and eradicate Native cultures,” Biden wrote in the Indigenous Peoples’ Day proclamation. “Today, we recognize Indigenous peoples’ resilience and strength as well as the immeasurable positive impact that they have made on every aspect of American society.”

In a separate proclamation on Columbus Day, Biden praised the role of Italian-Americans in U.S. society, but also referenced the violence and harm Columbus and other explorers of the age brought with them.

Making landfall in what is now the Bahamas on Oct. 12, 1492, Columbus, an Italian explorer, was the first in a wave of European explorers who decimated Native populations in the Americas in quests for gold and other wealth, including people to enslave.

Vance has said little during his political tenure regarding Native Americans or Indian policy, as reported by Indianz.com.

Opposing tribal requests

Vance has opposed the renaming of several sites requested by tribal leaders, however.

In August 2023, as a U.S. Senator, Vance issued a public letter asking the U.S. Forest Service and U.S. Department of Agriculture to oppose changing Ohio’s Wayne National Forest to the Buckeye National Forest.

Related stories:
—Native representation at the Republican National Convention
—Miami Tribe excluded from events on own homelands
—Forest County Potawatomi chairman opens day two of the RNC

The agriculture department had proposed changing the name in response to requests from tribes and local community members, according to a press release issued by the agency. The changes is still under discussion.

“The forest is currently named after General Anthony Wayne, whose complicated legacy includes leading a violent campaign against the Indigenous peoples of Ohio that resulted in their removal from their homelands,” according to the statement.

In his letter to Agriculture Secretary Tom Vilsack and the Forest Service Chief Randy Moore, Vance wrote, “The federal effort denigrates Ohio history and represents a lack of fidelity to our nation’s founding generation.”

He went on to write, “I take exception to the U.S.D.A.’s designation of Wayne’s legacy as ‘complicated.” Labeling the life and times of Wayne in such a way is an all-too-common dismissive, academic handwave that is beneath the dignity of the U.S. government.”

In 2023, Sabrina Eaton of Cleveland.com described Wayne as a general in the Revolutionary War, nicknamed Mad Anthony Wayne either because of his bold military tactics or his hot temper.

In 2019, ICT quoted George Ironstrack, assistant director of education for the Myaammia Center at Miami University in Oxford, Ohio, about Wayne’s history with Native peoples in Ohio. The center is an initiative led by the Miami Nation of Oklahoma, whose homelands include lands in and around the Ohio river valley. They were removed from the state in 1840.

“As part of his campaign, Wayne’s forces systematically burned Miami villages, food stores and crops,” Ironstrack told ICT.

According to Ironstrack, Wayne’s strategy of starvation culminated by the 1794 Battle of Fallen Timbers, which forced the Miami tribe to the negotiating table and resulted in the 1795 Treaty of Greenville in which the Miami and other tribes ceded most of their lands in Ohio.

Vance, who is the author of the memoir “Hillbilly Elegy,” frequently touts his hardscrabble upbringing and aversion to elitism in politics as bridges to the populist wing of the Republican Party. He also opposed Trump sharply before shifting his rhetoric to support the former president.

A story published Thursday, July 18, by the news site Wired, however, details the senator’s contacts with the elite, conservative heavyweights, wealthy financiers and others that he previously had denounced.

The contacts came from a Wired analysis of Vance’s public Venmo account network. Venmo is a digital payment application that frequently makes users’ phone contacts and friends’ lists public.

Among those listed as Vance contacts is Amalia Halikias of the controversial Project 2025. Created by the Heritage Foundation, a conservative think-tank, Project 2025 sets forth a political plan that calls for dismissal of thousands of public servants, expanded power of the president, dismantling of the Department of Education, halting sales of the abortion pill and many other actions that appeal to the far right. Trump has claimed ignorance of Project 2025 but Vance has stated in previous interviews that the document has “some good ideas.”

‘We demand respect’

Vance’s nomination as the GOP’s vice presidential candidate came during the Republican National Convention, which ran July 15-18 in Milwaukee, Wisconsin.

Indianz.com noted a lack of Native events during the convention in a state that is home to 11 federally recognized tribes, but ICT reported the scheduling of a federal Indian policy roundtable organized by Oklahoma Sen. Markwayne Mullin, who is Cherokee.

A couple of Native delegates from Oklahoma were also voting at the convention, which included appearances from some tribal leaders from Wisconsin, including Forest County Potawatomi Chairman James Crawford. Former Navajo Nation Vice President Myron Lizer, who made a statement during the 2020 convention, had been expected to attend the roundtable discussion.

The announcement of Vance as the vice presidential candidate, however, came at the last minute as the convention was set to begin.

“Our rights and history as Indigenous peoples are not up for debate; we demand respect from someone in such a potentially powerful position like the vice president,” Briana Mazzolini-Blanchard, executive director of the Urban Native Collective, told ICT. Massolini-Blanchard is a citizen of the CHamoru Nation of the island of Guam.

“It’s saddening that political leaders continue to stand by these colonized names that hold such deep pain for Indigenous peoples.”

The Associated Press contributed to this article.

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Felix Clary
ICT + Tulsa World

TULSA, Okla. — This year is the 100th anniversary of the Indian Citizenship Act, yet tribal leaders and advocates say too many Natives are still hesitant to vote.

For the past two decades, Oklahoma’s voter turnout rate has been around 55 percent. Fourteen percent of Oklahoma’s population identifies as Native American, with two of the largest tribes being Muscogee and Cherokee.

Less than 20 percent of Muscogee Nation citizens were registered to vote this year as of June 1. In 2021, the Cherokee Nation estimated that 45,000 Cherokee citizens were registered to vote, a significant increase over previous years but still amounting to around 150,000 Cherokee citizens not registered to vote in the state.

“In Oklahoma, Natives are still living with historic trauma. There is still a lot of mistrust with federal processes. The tribes here lived through boarding schools, removal from our homelands, and so many things.” said Ginny Underwood (Comanche) from Rock the Native Vote.

Rock the Native Vote is one of many Native voting campaigns in Oklahoma. Underwood said that in the years she has campaigned for Native adults to register in local, state and federal elections, she has seen voter anxiety in Native people centered around mistrust for state and federal governments.

“Maybe we’re jaded, and rightfully so, but we need to help people understand that if we show up in numbers, it can have positive impacts, like getting elected officials that support tribal sovereignty,” Underwood said.

Shawnee Chief Ben Barnes said in an ICT interview that the Warrior Up and Vote campaign expresses an even stricter message than Rock the Native Vote.

“We need to look at it like, ‘What is at stake when we vote? What bills do we want passed?’ We need to make sure people we elect on state and national levels truly understand what sovereignty means,” he said.

Voting is still 60 years young for Native American citizens, according to Randy Knight, a Cherokee law student at the University of Tulsa College of Law.

The Indian Citizenship Act gave Native people the right to U.S. citizenship, but it wasn’t until 1965 with the Voting Rights Act that all Native adults and other racial minorities had the right to vote.

Knight also said it wasn’t until 2019 that the Native American Voting Rights Act was passed by Congress, giving tribes the ability to increase polling sites and expand the types of facilities they use for voter registration.

The act states that there is a wide gap between the voter registration and turnout rates of eligible Native citizens and non-Native citizens.

It says that Native voter access is obstructed by nontraditional addresses for residents on reservations, as well as “a lack of accessible registration and polling sites, either due to conditions such as geography, lack of paved roads, the absence of reliable and affordable broadband connectivity, and restrictions on the time and place that people can register and vote.”

The act posed the solution of annual consultations between tribal leaders and the Department of Justice to resolve voting related issues.

“I think there are some tools we’ve been given in the last four years that can help with Native voter turnout, and I think we’ll start to see the fruits of that in this 2024 election,” said Knight.

He said that engaging in voting is a form of assimilation, but one that is necessary at this point in history. Since NAVRA and the recognition of tribal sovereignty through the McGirt decision, he said “we’re seeing right now how important it is for people to engage in the system, whether they like it or not, because one of the ways to change the system is to engage with it.”

Oklahoma tribes have also made efforts in the past four years to increase Native voter registration.

Cherokee Chief Chuck Hoskin Jr. is hopeful that the next generation of Cherokee citizens will be more engaged in voting.

“We have to identify the issues in terms of public policy and connect them to politics,” he said. “From here forward, Cherokees are particularly motivated to have a governor of Oklahoma who is respectful to tribes and won’t be hostile.”

A recent issue that Hoskin has discussed is Stitt’s attempts to dismantle tribal tag agencies. For Hoskin, this is a threat to tribal sovereignty, fueled by Stitt’s concern for state toll tag profit loss.

Knight warned that while youth, Native or non-Native, may be passionate about political issues, that doesn’t mean they will vote.

“You see the young generations get all riled up for an election, and they seem really engaged, but that doesn’t always turn into voter turnout,” he said.

The Muscogee Nation has worked to diagnose voter apathy in the tribe for the past four years, looking for a remedy. Spokesman Jason Salsman said the most common symptom of voter apathy is feeling invisible.

“You see a lot of politicians being critical of the McGirt decision. They don’t really see things from a Native perspective. That can make you feel like you are not being heard, and sometimes make you feel like you’re invisible in your own state,” Salsman said. “Well, this is subscribing to a false mentality. We have to get people to understand that if they go to the polls, you can let your voice be heard.”

He said Native people in Oklahoma have learned a lot about resilience and enduring spirit in the past 100 years. He believes one of the biggest lessons they have learned is what it means to be a citizen of a sovereign Native nation while also a U.S. citizen.

“When people say we have to walk in two worlds, that is what they mean. It’s not easy. It’s not a simple reckoning inside your soul. We’re still fighting for people to understand and respect us in 2024,” he said.

Correction: This story originally misstated the number of eligible voters among Cherokee Nation citizens in Oklahoma. The story has been corrected.

This story is co-published by the Tulsa World and ICT, a news partnership that covers Indigenous communities in the Oklahoma area.

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Earlier this month, the Ninth Circuit Court of Appeals declined to stop the construction of a copper mine in Arizona on land sacred to the San Carlos Apache Tribe as well as other Indigenous nations. Chí’chil Biłdagoteel, also known as Oak Flat, sits atop the third largest copper deposit on the planet and is essential to green energy projects. The operation, which will be run by Resolution Copper, a subsidiary of mining companies Rio Tinto and BHP, will leave a crater nearly 1,000 feet deep and 2 miles wide.

“Oak Flat is like Mount Sinai to us — our most sacred site where we connect with our Creator, our faith, our families and our land,” said Wendsler Noise of Apache Stronghold, a nonprofit fighting to protect the area. “We vow to appeal to the Supreme Court.” 

Over the years, Oak Flat has developed a storied history. In 2014, Oak Flat was a part of a military spending bill that would allow the government to “swap” the area with other land in Arizona. In 2016, it was added to the National Register of Historic Places in an attempt to protect it, and in 2021 the Apache Stronghold sued the government, arguing that the land was reserved for the Western Apaches in an 1852 treaty. Then, in 2023, Apache Stronghold made the case that the land transfer would keep them from exercising their religion. The court disagreed. 

The issue before the court illustrates a battle between religion, Indigenous rights, and potential solutions to the climate crisis. For tribal nations like the San Carlos Apache who practice what are known as “land-based religions” — ceremonial practices that are inextricably tied to areas Indigenous peoples have relationships with — preserving those lands with religious significance is paramount to the survival, and transmission, of both culture and values to the next generation. 

But for developers, the proposed mine would support a few thousand jobs for the surrounding community, inject $61 billion into the local economy, and provide a critical supply of copper for everything from electric vehicles to energy storage systems. By 2031, the world will need almost 37 million metric tons of copper to continue the process of green-energy electrification. Resolution Copper said that Oak Flat could provide a quarter of U.S. copper production. 

At the heart of Apache Stronghold’s legal case is something called “substantial burden” — there must be proof that the government has interfered with an individual’s right to practice their religious beliefs. Substantial burden protects U.S. citizens from government interference, unless the government has a really good reason. That means Apache Stronghold’s claim needs to be justified with a high level of scrutiny. 

If the case goes to the Supreme Court, and Apache Stronghold wins, the federal government would need to show a compelling reason to destroy Oak Flat. 

“If the Supreme Court finds that land transfer of Oak Flat is a substantial burden on Apache religious practice, then the court sends the case back down to the lower court,” said Beth Margaret Wright, who is from the Pueblo of Laguna and is an attorney with the Native American Rights Fund. “Then that would be on the government to prove that the land transfer is narrowly tailored toward a compelling government interest.”

Wright said that’s a pretty high bar for the government to meet, and it’s complicated by the court’s history with land-based religions.

According to the court’s recent decision, Oak Flat is similar to an older case out of California: Lyng v. The Northwest Indian Cemetery Protective Association. In the 1980s, the United States Forest Service was sued by the Northwest Indian Cemetery Protective Association over the proposed construction of a road. The Yurok, Karuk, and Tolowa tribes argued the road would irreparably damage an area where tribal members conducted religious ceremonies. 

Ultimately, the U.S. Supreme Court ruled that the federal government could do what it wanted with its land and said that the government couldn’t be held responsible for the religious needs of its citizens — a kind of “slippery slope” that recognized that a favorable ruling for the tribes would provide a veto button for other Indigenous nations on public projects in the future. In its ruling, the Supreme Court acknowledged that there were deeply held religious beliefs tied to the land, but the road was built anyway. 

Joe Davis, an attorney with Becket Law, the firm defending Apache Stronghold, said the narrow focus on Lyng is what is at issue with Oak Flat: He says it’s the wrong framing.

Five years after the Lyng decision, the Religious Freedom Restoration Act, or RFRA, was passed. Because RFRA was written to expand religious protections, the Apache Stronghold seeks the expanded protections under RFRA to be applied to Oak Flat. 

“This is a case, at its heart, about the Religious Freedom Restoration Act, which uses different language and is broader than the First Amendment,” said Davis.

And that argument has some history with the courts. In 2012, Becket also defended Hobby Lobby at the Supreme Court and won using the Religious Freedom Restoration Act. In that case, the court decided that under RFRA, the family that owns Hobby Lobby could opt out of providing birth control to employees under federal insurance laws due to religious beliefs. Essentially, the court found that the federal government was imposing a substantial burden because the use of birth control violated the owners’ religious freedoms. 

“Hobby Lobby shows that RFRA is very powerful,” said Davis. “This case is an opportunity for the Supreme Court to make good on the promise of RFRA.” 

The Ninth Circuit decided that in Oak Flat, substantial burden wasn’t met, citing the Lyng case. But the Lyng case doesn’t define substantial burden, RFRA does, and Davis argues that the court made a leap applying substantial burden when the concept wasn’t used in the Lyng case. Basically, the court didn’t use the broad protections offered by RFRA and instead applied a ruling from a pre-RFRA world.

If the case gets picked up by the U.S. Supreme Court, and Apache Stronghold wins, this would help clarify substantial burden. But with that clarity, there may come many more legal battles testing the limits of the First Amendment for Indigenous peoples. 

“It might help us in the sense that now a substantial burden is more encompassing of land-based religions,” said Beth Margaret Wright with the Native American Rights Fund. “But it doesn’t necessarily mean that our land-based religions and practices are forever protected.” 

A spokesperson with the U.S. Forest Service, the agency named in the lawsuit, declined to comment citing ongoing litigation.

This story was originally published by Grist with the headline The massive copper mine that could test the limits of religious freedom on Mar 19, 2024.

Amelia Schafer
ICT + Rapid City Journal

PINE RIDGE, S.D. — The walls of the Oglala Sioux Tribe Victim Services building are lined with missing person posters. Dozens of faces and names of men and women, all from the Pine Ridge Reservation, who have gotten little to no justice.

Fifty years ago in February 1974, Delema Sits Poor and her friend left their school at the Seventh Day Advent Church in the number four community (also called Wakpamni), about eight miles from the Pine Ridge community. The two set out to walk along an unpaved backroad towards Manderson, South Dakota. Despite below-zero temperatures, the two 12-year-old girls were determined to reach their destination.

High winds and heavy snow set in during their walk. At some point, Sits Poor’s friend began to develop frostbite so she opted to walk to the nearby Red Cloud Indian School, but Sits Poor kept walking, wearing only a white down-filled jacket with brown bell-bottom pants and sneakers. The Oglala/Mniconju Lakota girl was never seen again.

The next morning, once the snowstorm cleared, her family traveled to Pine Ridge to find a phone and call for help. Her father filed a police report, and her cousin called the National Guard.

In the days following Sits Poor’s disappearance, ground and air searches were conducted around the Calico community where Sits Poor may have walked – a rugged remote area with miles of winding buttes, steep valleys and thick brush. Late last year a three-year-old boy was found alive after disappearing in the same area.

Family members said they felt that after the seventh day of searching the push to find Sits Poor ended.

“They just stopped looking, back in those days I got the impression that they weren’t very helpful,” Sits Poor’s cousin Genevieve Chase In Sight-Ribitish said. “We never got any responses from her missing person’s report we filed, no one came to ask us about her, we haven’t gotten any updates.”

On the 50 anniversary of her disappearance, the Sits Poor family continues to search for answers.

“I tried looking for her many times, people would call and say they’d seen her in Rosebud or in Denver, and somebody told me they saw her around Pine Ridge with a man. I searched everywhere, we’d go everywhere,” said Sits Poor’s older sister Rose Thunder Club.

After seven years, Sits Poor was declared dead. The family suspects that foul play may be involved in her disappearance.

“We hang in there hoping that one day she would walk in the door or we’d see her around somewhere,” Chase In Sight-Ribitish said.

At only 12 years old, Sits Poor was just beginning to find herself. She was getting into rock music, her brother Frank Sits Poor said. She’d just gotten a new Lynyrd Skynyrd cassette tape.

“She was just 12, just a kid, just getting started,” Thunder Club said.

Raised by her grandmother, a fluent Lakota speaker, Sits Poor spoke Lakota and was engaged with her culture.

“Delema was a really beautiful person, she was caring and loving and kind, she never hurt anybody,” Chase In Sight-Ribitish said.

Sits Poor’s disappearance is among dozens of unsolved cases of missing and murdered Indigenous women in South Dakota.

Of the cases currently listed in the South Dakota Missing Persons’ Clearing House, 54 percent are Indigenous despite Indigenous people making up only 9 percent of South Dakota’s population.

The count listed in the Clearing House is also an undercount. Sits Poor is not listed and never has been, as well as a few other older cold cases from Pine Ridge. This is because they were never filed and added to the system, according to the South Dakota Attorney General’s Office.

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Dozens of Indigenous women went missing and were murdered on the Pine Ridge Reservation in the 1970s. There’s no official number of how many women disappeared or were killed during this time. Sits Poor’s own mother, Phyllis White Dress was murdered in 1976, two years after her daughter’s disappearance.

One of the oldest cases, Beatrice Tallman-Curry, was brought to justice because her case piqued the interest of a law enforcement officer several years after her disappearance.

“There’s no one set or list of names, they’re all scattered everywhere,” said Susan Shangreux-Hudspeth, Oglala Lakota and director of Oglala Sioux Tribe Victim Services. “There’s just no justice. No one has been arrested. It takes someone dedicated to bringing this to justice.”

As time moved, young family members like Eagle Louse and her brother Bo Sits Poor never got to meet their aunt. While they never met her, they grew up with her by hearing stories about her. How helpful she’d been to her family, how much she loved her grandmother, how silly she could be.

“These are traumatic events for these families, all of these (cold cases) they have a story, she was somebody,” said Amanda Takes War Bonnett, Oglala Lakota and public education specialist for the Native Women’s Society of the Great Plains.

Sits Poor’s father, mother, grandma and several of her siblings died without answers.

“My grandpa went to the grave looking for her, my mom did too,” said Tawny Eagle Louse, Sits Poor’s niece. “It would just be nice to get some closure.”

Many aspects of Sits Poor’s disappearance are unknown. Some documents list her as last seen on February 4, 1974, while others list February 20. Additionally, it’s unclear if Sits Poor made it to her friend’s house and disappeared leaving, or if she never made it to her destination.

“It’s like finding a needle in a haystack,” Chase In Sight-Ribitish said. “There’s so many brick walls and things we don’t know.”

Sits Poor’s disappearance broke her father’s heart, Frank Sits Poor said.

“I think it tore my family apart when she disappeared, the love kind of dwindled,” Eagle Louse said.

Around 2018, Thunder Club and Chase In Sight-Ribitish said they were contacted by an investigator for the Oglala Sioux Tribe’s newly founded cold case unit. Despite speaking with the investigator a few times, they never heard back.

With no updates and limited information, the family continues to hope and pray for Sits Poor’s return.

“Every chance we get we go up into the hills and look,” Chase In Sight-Ribitish said. “Anytime the relatives get the chance they’ll go back there and look. Anything suspicious we move it around and look around for her.”

Anyone with information about Sits Poor’s disappearance can contact the Oglala Sioux Tribe Police Department at 605-867-5111 or report to the Beauru of Indian Affairs Missing and Murdered Unit by texting 847411 to BIAMMU or calling 1-833-560-2065. 

This story is co-published by the Rapid City Journal and ICT, a news partnership that covers Indigenous communities in the South Dakota area.

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